Hacia el Junte de Juntas Comunitarias

Para determinar la agenda nacional del liderato comunitario, sostendremos diálogos regionales para explorar tus propuestas, que serán ratificadas en el primer Junte de Juntas Comunitarias.

Llama al Coordinador de tu región y únete al Junte de Juntas Comunitarias porque solo así lograremos un apoderamiento comunitario.

Tras una nueva forma de gobernar

Por Jorge Oyola / Líder de junta vecinal de Los Filtros en Guaynabo

Los deseos de una nueva manera de hacer política en Puerto Rico han motivado que un grupo de experimentados líderes comunitarios en Loíza aspiren a puestos electivos para provocar un cambio que responda a los intereses del pueblo y no de los partidos.

Para Rafael Rivera, portavoz de la comunidad Villa Cañona en este pueblo y candidato a legislador municipal por el Partido Popular Democrático (PPD), el asunto va más allá de los colores partidistas.

Para él, su candidatura es un reto para continuar su labor comunitaria de años desde un nuevo escenario que amplíe su alcance para ayudar a resolver los problemas que aquejan a los residentes de Loíza.

Su aspiración va de la mano con la de Maricruz Rivera, una veterana líder comunitaria que encabezó la defensa de la preservación ambiental de Piñones ante las propuestas de desarrollo hotelero y residencial y ahora aspira a convertirse en alcaldesa de Loíza por el PPD.

Ambos explicaron que su visión es promover procesos administrativos justos y participativos que por años se le han negado a los loiceños.

“Es una responsabilidad… Para mí, como mujer, tiene un significado especial ya que las luchas por el ambiente, por la cultura, por la igualdad, me han enseñado que Loíza merece la oportunidad de ser gestora de su desarrollo en todos sus niveles donde la planificación sea participativa para todos los loiceños y no de otros intereses politiqueros que nos sumergen en luchas entre hermanos”, dijo Cruz.

La candidata señaló que, aunque aspira por un partido político, no se limitará a los reclamos de los miembros de esa colectividad y que el trabajo se hará “con todos los loiceños fuera de colores políticos”.

Su apoyo, dijo, está con las iniciativas comunitarias, muchas de las cuales fueron parte integral de su formación como líder.

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‘Una reserva de esperanza’

Por Wilfredo López Montañez (publicado en El Nuevo Día el 2 de marzo de 2008)

Justo cuando se cumple el séptimo aniversario de la aprobación de la Ley 1 de marzo de 2001, que crea el programa de Comunidades Especiales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicaron el libro: “El Capital Social Movilizado contra la Pobreza: La experiencia del proyecto de comunidades especiales en Puerto Rico”, escrito por Bernardo Kliksberg y Marcia Rivera.

El libro fue dedicado a los líderes comunitarios de Puerto Rico, “quienes constituyen una reserva de esperanza, de valores éticos y de inagotable solidaridad”. Será presentado al País próximamente y aborda críticamente la experiencia de este modelo de desarrollo que ha impactado la vida social, económica y cultural de Puerto Rico.

Refiriéndose a la ley orgánica de este proyecto de autogestión y apoderamiento, Rivera recordó que el objetivo central del programa es que los residentes de las comunidades especiales adquieran las condiciones de vida, las destrezas, las actitudes y los niveles de organización que les permitieran convertirse en actores de su propio proceso de desarrollo económico social. De hecho, a partir de la aprobación de la ley, cada año en fechas cercanas al 1 de marzo se celebra la semana del líder comunitario que comienza hoy.

La socióloga señaló que tras siete años de implantación de la ley se podría concluir que “con una pequeña inversión aportando al desarrollo humano, en aspectos de formación, capacitación y organización comunitaria se ha demostrado un impacto enorme en la vida de la comunidades, si tomamos en cuenta que el 80 por ciento de la inversión en las comunidades especiales fue en el desarrollo de infraestructura”.

Entre algunas de las conclusiones de la evaluación contenidas en el libro se destaca el desarrollo de la capacidad de las comunidades de organizar proyectos, que involucran la participación de los residentes que permitió un nuevo diálogo entre los propios vecinos y que ha continuado creciendo.

De igual manera, se destaca que “uno de los productos de la Ley fue que se visibilizó las luchas comunitarias en los medios de comunicación, los medios miraron a las comunidades como nunca antes”, destacó Rivera.

La estudiosa señaló que el concepto de Capital Social se define como una profundización de las relaciones humanas, como son la capacidad de intervención, comunicación, generación de confianza, de trabajar en equipo, y solidaridad. Apuntó que todas estas características son visibles en el liderato comunitario de hoy día.

Durante los primeros cuatro años de puesta en vigor la Ley, bajo la gobernación de su gestora Sila María Calderón, “no se tenía una lógica clientelística, la ley estaba basada en las políticas de derechos humanos y de igualdad de oportunidades”, dijo la científica social.

“Cuando miramos el balance de los últimos tres años vemos que hay un retroceso del gobierno actual debido a una visión de que la pobreza se resuelve a cambio de votos, porque se está convencido de que las comunidades no votaron en las elecciones pasadas por el Partido Popular (Democrático) a pesar de que le metieron una inversión enorme de recursos”, añadió.

Repulsa a orden de OCE por ‘discriminatoria’

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

PONCE - Una orden de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Julia Torres, que desautoriza la asistencia de sus organizadores a reuniones de la Alianza de Líderes Comunitarios, recibió el repudio del sindicato Prosol-Utier mediante una carta abierta a la funcionaria.

En la misiva, difundida ayer por vía electrónica a personas y organizaciones vinculadas al proyecto, el presidente del gremio que representa a empleados de la OCE, Luis Pedraza Leduc, condenó la acción como discriminatoria.

Torres, a través de su oficial de prensa, Juan Hernández, señaló que no reaccionará a las denuncias del grupo sindical con el que actualmente negocia un convenio colectivo.

Pedraza Leduc la emplazó a revocar la directriz, ya que evita la promoción de la organización comunitaria, la autogestión, el apoderamiento y la participación ciudadana que establece la ley orgánica de Comunidades Especiales.

El documento con la orden, del cual El Nuevo Día obtuvo copia, sostiene que “ningún organizador participará de encuentros nacionales de la Alianza de Líderes Comunitarios. No están autorizados y no se les pagará”. La orden fue impartida durante una reunión de supervisión grupal, según el sindicalista.

Pedraza Leduc señaló que esta determinación “violenta el espíritu y propósito de la Ley 1 de marzo 2001 (que crea el programa de Comunidades Especiales) y denota un trato discriminatorio en contra de un grupo.

El líder sindical recordó que entre las tareas de un organizador comunitario se encuentran: fomentar y promover los conceptos de apoderamiento, autogestión y participación ciudadana; realizar reuniones y asambleas en las comunidades para promover la autogestión; y promover talleres de empleo, actividades educativas, recreativas, sociales y culturales para las comunidades.

“Todas y cada una de las tareas mencionadas están íntimamente ligadas con una actividad como la que alegadamente se prohíbe de acompañar y apoyar. Es decir, la supuesta directriz de no participar en un encuentro de líderes comunitarios impide realizar el trabajo fundamental de los compañeros y compañeras”, sostiene Pedraza Leduc.

La Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico, junto a grupos afines, realiza desde el mes pasado una serie de reuniones regionales con el fin de conocer las necesidades, inquietudes y propuestas de los residentes de esos sectores para fortalecer y consolidar el movimiento vecinal como fuerza social y política. Las ideas se agruparán en un plan de trabajo que será presentado a las organizaciones vecinales durante el Junte de Juntas Comunitarias convocado para mayo.

Buscan apoderamiento por medio del conocimiento

Por Francisco Quiñones para El Nuevo Día
Hormigueros - Conocer más acerca de la Ley de Comunidades Especiales (Ley 1 de 2001), la deficiencia interagencial para atender los proyectos que atañen a dichos vecindarios y la necesidad de canalizar los reclamos de este sector a través de una sola voz, son algunas de las inquietudes que llevaron a un grupo de líderes comunitarios de la región suroeste a participar de la segunda asamblea “Diálogo Regional” de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

La actividad, que reunió ayer a cerca de un centenar de líderes comunitarios, tuvo como escenario el centro de convenciones de Hormigueros. Allí, los miembros del comité timón de la Alianza discutieron con el grupo de líderes sus propuestas de trabajo para mantener al liderato comunitario trabajando en una agenda común.

Esas propuestas incluyen establecer redes de comunicación entre todo el liderato comunitario del País y estrategias como la posibilidad de que el grupo endose públicamente a aquellos candidatos que han probado su respaldo al proyecto, e incluso el que líderes comunitarios se lancen al ruedo político.

Esas y otras decisiones que establecerán la agenda del liderato comunitario se decidirán dentro de varios meses, luego de que se celebren otras seis asambleas regionales. La próxima será el 30 de marzo en Ponce.

Según los organizadores, una de las inquietudes que consistentemente ha salido a relucir entre los líderes que asisten
a las asambleas es que los propios residentes desconocen la Ley 1 de 2001, que creó el proyecto de Comunidades Especiales.

Quién debe tener el poder

Por Jorge Oyola / Líder de la Junta Comunitaria Los Filtros en Guaynabo

Más que una preocupación, gran parte del liderato comunitario y otros sectores se oponen al Proyecto del Senado 90 que pretende elevar a los municipios a rango constitucional.

Esta oposición se incrementa con la tensa confrontación propiciada recientemente por el alcalde de Dorado, Carlos López, contra los miembros de la Asociación de Residentes de Dorado del Mar durante una manifestación en oposición del proyecto Atlántico, propuesto a construirse en terrenos dentro de la urbanización.

Para Luis Cruz, portavoz de la comunidad de Juan Domingo en Guaynabo, el mero hecho de ver el comportamiento de alcaldes como López, levanta un cuestionamiento en torno a cómo serían las luchas comunitarias ante los ejecutivos municipales si sus administraciones cuentan con poderes constitucionales.

“Sería bien cuesta arriba como líder comunitario defender mi comunidad. ¿Quién fiscalizaría a los municipios?, ¿Qué papel y qué poder tendría la Legislatura? Ya que las asambleas municipales sustituirían y tomarían las decisiones por la asamblea legislativa, estaríamos a merced del municipio y su asamblea”, apuntó el líder vecinal.

José Figueroa, de la comunidad Toro Negro en Ciales, opinó que otorgar más poder a los municipios pondría en “alto riesgo” el trabajo que llevan a cabo las organizaciones comunitarias, además de trastocar los intereses a los que estos grupos cívicos responden, fuera de líneas partidistas.

“Aunque no se debe generalizar, para la mayoría de los alcaldes los asuntos político partidistas van por encima de estas organizaciones vecinales en la toma de decisiones sobre los problemas que las afectan y eso para mí es bien preocupante”, comentó Figueroa.

Más poder constitucional afectaría directamente a las comunidades con amenazas de expropiación, de acuerdo con Edwin Merced, de la comunidad Los Filtros en Guaynabo.

Merced indicó que para muchas comunidades el rango constitucional implicaría la exterminación, en ocasiones para dar paso a otros proyectos residenciales que no van dirigidos a satisfacer las necesidades de las personas desplazadas de sus casas.

En el caso de las comunidades especiales esto sucedería, según Myrna Vázquez de la comunidad Las Carolinas, porque un rango constitucional a los municipios pone en una situación muy frágil los derechos obtenidos por las vecindades.

En especial, se refirió a Ley 232 de agosto del 2004 que enmienda a la Ley Orgánica de Comunidades Especiales y que reconoce la injerencia comunitaria en la toma de decisiones referentes a los procesos de expropiación en un vecindario.

Vázquez señaló que aunque hay algunos alcaldes que toman en cuenta el trabajo de las organizaciones comunitarias, las propuestas de descentralización gubernamental deben dirigirse a fortalecer los movimientos comunitarios y proteger a aquellos vecindarios más amenazados.

“Debemos darle más poder a la Ley 1 (de 2001) de Comunidades Especiales, a la participación ciudadana, a la Ley 232 y a las organizaciones comunitarias para trabajar juntos por un Puerto Rico al cual todos tenemos derecho”, puntualizó Vázquez.

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Deseosos de tomar el control

Por Prensa Comunitaria para El Nuevo Día


Añasco - Con una asistencia de más de 100 representantes de juntas comunitarias del área noroeste, la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico celebró ayer su primera asamblea con el objetivo de lograr el fortalecimiento del liderato comunitario nacional.

Esta asamblea es la primera de siete que la Alianza realizará para consultar al liderato vecinal sobre las necesidades y prioridades de todas las comunidades especiales de la Isla.

Uno de los intereses principales expresado por el liderato del noroeste es el desarrollo de estrategias de trabajo regionales, que podrían resolver muchos de los problemas que los líderes no logran subsanar individualmente.

“El apoyo entre las juntas de las distintas comunidades para desarrollar estrategias de solidaridad entre proyectos comunitarios fue la propuesta de más acogida entre el grupo”, afirmó Mareia Quintero, una de las moderadoras que colaboró por parte de la organización Alternativa Ciudadana.

“Muchos no se conocían y dijeron que la actividad propició el compartir por primera vez entre ellos y eso es ganancia”, añadió sobre el ambiente de diálogo e intercambio que imperó.

La formación de nuevos líderes se repitió como urgencia común entre los grupos, pues hubo un reclamo de que gente con sangre nueva reciba capacitación para aportar desde otros ámbitos y compartir la sacrificada tarea de los líderes veteranos.

Según discutieron en las mesas de trabajo, la convicción en los procesos de autogestión y de apoderamiento de estos grupos trasciende las dificultades que las juntas comunitarias confrontan día a día, así como la inacción de las agencias de gobierno para ayudarlos a superarse.

Para Wilfredo López Montañez, uno de los portavoces de la organización, la asistencia y el nivel de participación sobrepasaron las expectativa.

“Los líderes respondieron a la convocatoria de manera masiva, atraídos por la necesidad de encaminarnos hacia unas propuestas que guíen el trabajo y las aspiraciones de la Alianza”, dijo.

La próxima asamblea será en el suroeste, el 23 de febrero.

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Apunta a una misma meta el liderato comunitario

Por Keila López Alicea para El Nuevo Dia

Conscientes de que un año eleccionario puede bien representar o una amenaza o una protección para la estabilidad del Programa de Comunidades Especiales, la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico, en conjunto con líderes de la Península de Cantera, Prensa Comunitaria y el partido Alternativa Ciudadana, comenzarán a crear un plan de trabajo nacional que reúna las prioridades de todas las juntas comunitarias del País.

Para esto, según anunciaron los miembros del Comité Timón de la Alianza en una conferencia de prensa, llevarán a cabo seis asambleas regionales durante tres meses para conocer las necesidades que tienen las comunidades y recoger las soluciones que proponen sus respectivos líderes comunitarios.

“Estamos en año electoral y es un buen momento para fortalecer el liderato comunitario. La estrategia está dirigida a que, a medida que el liderato se fortalece, su voz se escucha y se podrán alcanzar acuerdos con el liderato gubernamental”, indicó Wilfredo López, uno de los portavoces del comité timón.

Las ideas que se recojan en las seis asambleas serán agrupadas en el Plan Estratégico Nacional, el cual será presentado durante el primer Junte de Juntas Comunitarias que celebrarán a principios de mayo, precisó José Figueroa, otro de los portavoces.

“Queremos crear un plan que nos dé una idea de hacia dónde queremos caminar”, expresó Figueroa. Señaló que una vez tengan el plan en sus manos, ratificado por los grupos vecinales, se podrán dedicar a trabajar unidos para fortalecer el movimiento comunitario en vez de luchar todos por separado.

Samuel Rosario, presidente de la Junta de Directores de Prensa Comunitaria, señaló que la propuesta surgió de la dejadez en que, dijo, el gobierno ha sumido a la Oficina de Comunidades Especiales (OCE). “Hasta el momento, bajo esta Administración, la OCE no ha hecho un trabajo satisfactorio en la capacitación del liderato comunitario”, lo cual es uno de sus deberes de acuerdo con la Ley 1 de 2001 -que crea la oficina-, manifestó Rosario.

La primera asamblea se celebrará el 9 de febrero en el área oeste.

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Una partida muy triste

La Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico se une a las manifestaciones de dolor que ha significado la partida de la compañera Sara Peisch. Las comunidades que enarbolaron la bandera por la defensa de la naturaleza, el patrimonio cultural, el entorno comunitario y la lucha por una sociedad más justa e igualitaria sienten un profundo agradecimiento a esta mujer valiente y valiosa. Su compromiso, integridad y total entrega a la lucha por la justicia para con los menos afortunados la convirtió en una puertorriqueña auténtica. Podemos juntar al dolor de su partida, la alegría de haberla conocido. Son muchas las enseñanzas que ha dejado detrás de su acción social para los que aún tenemos el deber de seguir luchando por la justicia.

Podemos afirmar que Sara fue paradigma de lo que es una mujer con un alto sentido de sacrificio y voluntad, una mujer revolucionaria y todo aquel que tuvo directa o indirectamente contacto con ella generaba admiración y respeto por sus notables virtudes y el ejemplo que nos deja. Sara, aquí te despedimos en la tierra que amaste y defendiste con todas tus fuerzas hasta el último aliento de tu vida. Sara, tú no has muerto: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.

Líderes aprovechan saludo para pedir reunión

Comité lleva inquietud al Mandatario sobre el futuro de las comunidades especiales.

por Keila López Alicea para El Nuevo Día

 

A través de una misiva que le entregaron personalmente ayer durante el Saludo Protocolar, miembros del Comité Timón de la Alianza de Líderes Comunitarios le solicitaron una reunión al gobernador Aníbal Acevedo Vilá para discutir el futuro del Programa de Comunidades Especiales.

Según Jorge Oyola, portavoz de la Alianza y quien le entregó la carta al Mandatario, es indispensable que el Ejecutivo se reúna con el liderato comunitario para conversar, entre otros temas, sobre las amenazas que enfrenta la Ley 1 de 2001 para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico, como es la propuesta para elevar a rango constitucional la autonomía municipal.

“El liderato necesita, más allá de lo que diga públicamente el Gobernador, poder discutir en una mesa los problemas de las comunidades con él porque nosotros somos los portavoces de estas comunidades, lo que podamos llevar a las comunidades de información hace que la gente se active y forme parte de este liderato que está floreciendo a pasos agigantados”, indicó Oyola.

Desde el primer año de mandato de Acevedo Vilá, el liderato comunitario ha solicitado con insistencia una reunión al Ejecutivo sin resultado alguno. Uno de los reclamos de los portavoces vecinales ha sido que cumpla con la disposición de la Ley 1 que establece que el Consejo Asesor de Comunidades Especiales se reúna dos veces al mes. La primera y única reunión de ese organismo, convocada por Acevedo Vilá, se efectuó hace tres meses.

Oyola hizo hincapié en que el gobierno debe entender que el programa no es sólo “madera, cemento y varilla”, sino que a través de él se ha creado un movimiento que, más que quejarse, está decidido a trabajar en la búsqueda de las soluciones a los problemas vecinales.

Y señaló que el planteamiento principal de la carta fue exponer “nuestra disponibilidad para trabajar para que el programa se fortalezca y para que se consiga y se le asigne el dinero para que siga el progreso que han tenido estas comunidades”. “Hay que darle seguimiento porque el trabajo que se ha hecho en estas comunidades no puede echarse en el zafacón. El dinero que se invierte en las comunidades especiales no es dinero perdido”, manifestó.