Comunicado de Prensa enviado el 31 de mayo de 2006Alrededor de 1500 jóvenes de comunidades pobres se quedaron sin empleo de verano. Esto gracias al disloque en las prioridades del gobierno y la mala plantificación de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE). Todo esto gracias a una propuesta que buscaba impactar 2000 jóvenes de Comunidades Especiales pagados con fondos WIA del Departamento del Trabajo, que buscaba adiestrarlos en reparación de computadoras y administración de redes.
La OCE coordinó con alcaldes y lideres comunitarios con la “seguridad” de tener un proyecto aprobado para estas comunidades. Jóvenes de toda la isla rechazaron otras propuestas que le ofrecían empleo por esperar esta propuesta que les pagaría por tomar este adiestramiento. Sin embargo, el Departamento del Trabajo solo aprobó un tercio de la propuesta y la otra parte se la otorgó a los municipios. ¿Cómo movilizar tanta gente sin tener las mínimas garantias de fondos para ello? Resulta penoso que con tanta necesidad de estimulo, motivación y esperanzas que necesita nuestra juventud se le den falsas espectativas.
Este es un ejemplo más de la tendencia del gobierno de traspasar a los municipios los proyectos y programas de la OCE. Esto aumenta más el temor, cada ves mas fuerte, entre los lideres comunitarios de que sí esta debacle administrativa continua, desaparecerá el proyecto más importante y significativo que gobierno alguno haya realizado en las últimas décadas.
No es la primera vez que esto sucede, ya que con el proyecto del Departamento de Recreación y Deportes: “deporte empleo” paso algo similar. La oficina identifico 2 lideres por comunidad con la promesa de que al menos 1 por comunidad sería contratado.
Si bien es cierto que se han abierto los canales de comunicación entre lideres de las comunidades y la administración, las acciones y las prioridades enmarcadas en la Ley Núm.1 se están viendo empañadas por la improvisación y una falta de consideración y de respeto a los lideres y jóvenes de nuestras comunidades. Vemos con recelo la contratación continua de personal sin la preparación necesaria para la singular tarea de organización comunitaria y el desarrollo de la autogestión y el apoderamiento comunitario. Denota una visión equivocada y errada de lo significa la política pública que emana de la Ley de Comunidades Especiales
En este panorama sombrío, la actual administración pretende añadir 100 nuevas comunidades (25 por año) a las 686 ya identificadas. ¿Con qué recursos y visión se pretende atender a estas nuevas comunidades si lo recursos fiscales y de empleomanía no son suficientes para la ya existentes?
Hacemos un llamado al gobernador para que atienda de forma urgente y responsable esta situación. Que más que afirmar, cumpla su compromiso con el liderato de las Comunidades Especiales.
