Comunidades de Guaynabo luchan contra el desalojo

Perla Franco CLARIDAD

Con la intención de despojar a las comunidades pobres de sus terrenos, - muchos de ellos valiosos para los desarrollista por su ubicación-, la pasada semana se bajó por descargue una medida en el Senado, aprobada hace un año atrás de la Cámara de Representantes (P. de la C. 911) que cambiaría la ley 232 de marzo de 2001 o Ley de Desarrollo de las Comunidades Especiales que impide a los municipios desalojar a sus residentes sin el consentimiento del 75 por ciento de ellos y sin el aval de la Legislatura.

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Se apuntan otra las comunidades especiales

Manuel Ernesto Rivera  PRENSA ASOCIADA lunes, 26 de junio de 2006

La presión y el cabildeo de representantes de las comunidades especiales logró que en la madrugada del lunes el proyecto que otorgó a los alcaldes la potestad de expropiar a estos sectores sin la participación de sus vecinos, regresara a la Comisión senatorial de Gobierno.

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Triunfo historico para las comunidades especiales

Tras una larga noche de intenso cabildeo de lideres comunitarios a los legisladores, a las 1:45 de la madrugada se colgó el proyecto 911 que pretendía derogar la ley 232 del 2004.

Después de pedir disculpas al liderato allí presente, el legislador Antonio Faz Alzamora valientemente decidió pedir reconsideración a su inexplicable voto que junto a otros legisladores, votaron a favor de la medida.

Una mayoría de 15 senadores puestos de pie, aprobaron la reconsideración del proyecto, colgando así la medida hasta la próxima secion legislativa que comienza en agosto.

Hay que destacar la fidelidad y compromiso de un gran grupo de lideres comunitarios compuestos por miembros de la Alianza de Lideres Comunitarios y la Coalición de Lideres de San Juan. Estos (as) Lideres provenientes de Caguas, Aguadilla, Ponce, Guayama, Guaynabo Isabela, Aguadilla, San German, Añasco, Aguas Buenas, entre otros, prácticamente acamparon en las gradas del hemiciclo para lograr lo que hoy reseñamos con gran alegría.

Esto es un logro histórico para las Comunidades Especiales y una demostración mas del poder de participación y autogestión de estas.

Felicitaciones a todos los compañeros(as) Lideres Comunitarios.

Pronto fotos y declaraciones

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Cabildean contra proyecto de expropiación de terrenos

Leonardo Aldridge  PRIMERA HORA

Medio centenar de líderes y residentes de algunas de las 686 comunidades especiales a través del país acudieron ayer al Capitolio para cabildear en la Cámara contra un proyecto aprobado en el Senado que les permite a los alcaldes expropiar los terrenos donde ellos viven.

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Rechazo a ser expropiados

Ricardo Cortés Chico / end.rcortes@elnuevodia.com

Las comunidades ven a grandes intereses detrás de la medida.

Mayagüez – Los senadores que votaron a favor del proyecto de ley que eliminaría la participación ciudadana en el proceso de expropiación de las comunidades especiales sufrirán las consecuencias en las próximas elecciones, a menos que se retracten hoy, antes de concluir la sesión.

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Todos tras el bienestar de todos

El proceso de organizarse transformó la vida individual y colectiva de los vecinos de la comunidad Josefa

Por Carlos Ruiz Aquino / Presidente de la Junta Comunitaria de la comunidad Josefa del Barrio Espino en Añasco

En la comunidad Josefa del barrio Espino de Añasco siempre hay algo que compartir, aprender y crecer como colectivo.

Aquí los vecinos han desarrollado campañas de limpieza, ferias de salud, campañas de orientación para los estudiantes de la escuela de la comunidad y actividad benéficas. Los miembros de la junta siempre están dispuestos a participar en todo tipo de taller de capacitación que ayude a fortalecer la organización comunitaria. La Junta es parte de la Alianza de Comunidades Añasqueñas y de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

“Nos hemos compenetrado como una familia”, expresa Feliciano Ortiz (“Cholo”), miembro de la junta.

Cholo recuerda que no siempre fue así. “Anteriormente, aunque vivíamos en la misma comunidad, no teníamos la amistad y solidaridad que hemos desarrollado desde que somos parte de esta organización. Ahora compartimos nuestras inquietudes, ideas, necesidades y cómo desarrollarlas en beneficio de nuestros residentes”, dice el líder.

La comunidad Josefa está ubicada cerca del Río Grande de Añasco. La junta comunitaria se constituyó en el año 2002, bajo el programa de Comunidades Especiales, y actualmente consta de doce miembros.

Desde entonces, la gestión de la junta ha sido muy exitosa. Parte de este éxito, coinciden sus miembros, está basado en que el organismo vecinal procuró recoger la opinión de los residentes para determinar los proyectos prioritarios.

Y el proceso no quedó en la consulta ni en la petición de que se atendieran esas prioridades.

Los residentes, a través de la Junta, han fiscalizado el desarrollo de los proyectos desde el principio hasta el final.

De esa forma, la comunidad logró la remodelación del parque de pelota, la construcción de un nuevo centro comunal, la instalación de tuberías de agua potable, la instalación de hidrantes, la construcción de aceras y encintados y la repavimentación de las carreteras.

Para ello fue clave la colaboración de la Directoría de Desarrollo Comunitario de Departamento de Transportación y Obras Públicas, en especial de Luis Ojeda y el ingeniero Daniel Lachaw, así como de los organizadores comunitarios Erick Postigo y Wilma Rivera.

Si se le pregunta a uno de los miembros de la junta de la comunidad Josefa, coincidirán en señalar que el proceso de organización y de interacción con los residentes del sector, así como con los vecinos de otras comunidades con situaciones similares y otras muy particulares, ha ayudado a todos a conocer la otra cara de Puerto Rico, la de residentes con necesidades, pero también con el empeño de cambiar su realidad.

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Amenaza sobre áreas de pobreza

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

El liderato comunitario busca evitar enmiendas a la Ley 232.

Jorge Oyola, Foto de Archivo

Mayagüez - Más de un millón de personas que viven en comunidades especiales quedarán expuestas a procesos de expropiación indiscriminados si el gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, firma una enmienda a la Ley 232 que requiere para tales procesos el aval legislativo y del 75% de los residentes.

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Solidaridad comunal: clave de la batalla

Por Gloria Ruiz Kuilan para El Nuevo Día
Comunidad Los Filtros resiste la amenaza de la expropiación.

Guaynabo - El sentido de solidaridad es una de las cualidades que más destaca en la comunidad Los Filtros.

Constituida por más de 90 familias pobres o de recursos moderados, esta comunidad de 12 cuerdas -escenario de las tradicionales peleas de gallos, cabalgatas, los juegos con gallitos y en la que no falta el antiguo colmado y el tendido de ropa al aire libre- contrasta con las imponentes y costosas residencias que le rodean.

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Reviven de la nada un proyecto "muerto"

Irene Garzón Fernández  PRIMERA HORA

Tras bambalinas.

Un entrejuego político está detrás de la aprobación por el Senado de un proyecto de administración relacionado con la expropiación en comunidades especiales, el cual bajó "sorpresivamente por descargue" en la sesión del jueves.

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Grave Traición a las Comunidades Especiales

Como ladrones en la noche, senadores de ambos partidos le dieron una estocada a las comunidades pobres del país derogando la ley 232.  Lo que es una ironía, tres de los cuatro senadores del partido popular que votaron a favor de la derogación, en el cuatrienio pasado apoyaron la medida. Estos son Eudaldo Baez Galib, Antonio Faz Alzamora y José Luis Dalmau.

Sin embargo no todo esta perdido. Si antes de este domingo 23 de junio, uno de los votantes a favor de la derogación pide rectificación, la medida regresaría a análisis.  Así que no dudes en comunicarte con tu legislador, principalmente con aquellos que con este voto contradicen su compromiso con las comunidades especiales.

Pideles que reconsideren su voto al Proyecto de la Camara 911!!

Recuerda sus rostros te servirá después, ellos son:

Juan Eugenio Hernández Mayoral
Senador por acumulación PPD
Teléfonos: 787-724-2030 EXT: 2383, 2384, 2385
jehm@senadopr.us

Eudaldo Báez Galib
Senador por acumulación PPD
Teléfonos: 787-724-2030 EXT: 2218, 2219

ebaez@senadopr.us

Antonio J. Fas Alzamora
Senador por acumulación PPD
Teléfonos: 787-724-2030 EXT: 2350, 2516, 2517, 2675
afas@senadopr.us

José L. Dalmau Santiago
Senador Distrito de Humacao PPD
Teléfonos: 787-724-2030 EXT: 2357, 2628, 2359

afas@senadopr.us

Enlaces Relacionados:

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'Negociación ' en el Senado

Historia de la Ley 232

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Shangai: frente al deseo de crecer

Por Mildred Rivera Marrero para El Nuevo Día
Publicado el 22 de junio de 2006

Los vecinos decidieron cambiar el rumbo del sector y sembrar sueños en las vidas de los niños

En la sala de Sara Aquino Mangual, por muebles, lo que hay son máquinas de coser, palos de hilo, tijeras, botones, telas y un maniquí.

Allí se gesta una de las empresas comunitarias que impulsa Sara junto con la Junta Comunitaria de la barriada Shangai, en Santurce, como un instrumento para enfrentar el problema de desempleo que impera en el sector.

Mientras observaba en el balcón de su casa, Sara identificó a los vecinos que, como su familia, fueron de los primeros habitantes de esta comunidad. Vinieron de diferentes pueblos y casi todos trabajaban en la construcción. Todavía recuerda las filas que se hacían en la fábrica de hielo del lugar, una estructura adyacente que está en ruinas.

Con la misma vividez, Sara contó los cambios ocurridos en la comunidad donde viven cerca de 8,000 personas y donde el perfil común era de deserción escolar, la criminalidad, los puntos de droga y hogares liderados por jefas de familia. Todavía recuerda con tristeza cuando los niños decían que su meta era convertirse en el dueño de un punto.

Para cambiar ese rumbo y sembrar sueños en las vidas de los niños, hace seis años, Sara decidió convertirse en líder recreativa aunque no sabía nada de deportes. Junto con otros vecinos, impulsó el baloncesto, y llenaba su guagua de muchachos para llevarlos a las clases de natación que ofrecían gratuitamente en la Universidad del Sagrado Corazón. “Y saqué tres campeones”, dijo la líder.

Con la ayuda de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), se hicieron estudios socieconómicos y de viabilidad económica y con ese trabajo surgió la idea de crear un servicio de transporte, un centro de cuido diurno y nocturno, una empresa de construcción, y una de costura.

Para esta última, la OCE les donó $4,873 para comprar equipo, pero como no tenían un lugar donde establecer la empresa “las máquinas estaban cogiendo moho”, recordó Sara. Cuando el Concilio del Diseño y la Aguja le ofreció un contrato con la línea de ropa Me & Mom, Sara no lo pensó dos veces, sacó los muebles de su sala y colocó allí las máquinas de coser. Ella y otras cuatro residentes laboraron por un año y ahora están diseñando una línea de bultos, que podrían servir como artículos de promoción para compañías.

“Ese es el mercado que queremos acaparar. De esto, no hay una compañía netamente puertorriqueña”, dijo Sara.

Mientras, el centro de cuido está en espera de un local, dijo Omayra Ríos, otra de las líderes comunitarias de la barriada. “Yo tengo la gente, tengo la administración y tengo lo que va adentro (equipo)”, manifestó.

Aseguró que personal del Hospital San Jorge y el Hotel Condado Plaza está ávido de que el centro comience porque tienen horarios nocturnos y no tienen con quién dejar a su prole. Omayra explicó que el equipo se lo cedió el gobierno cuando la crisis presupuestaria forzó el cierre de los centros de cuido en las comunidades especiales.

Las iniciativas de construcción y de transporte proyectadas por la comunidad no han despuntado. Pero entretanto, los residentes participan de adiestramientos, programas de arte para los niños, organizan bicicletadas y campamentos de verano.

“En los últimos dos años, todo ha estado más lento (en la OCE), pero con la autogestión que aprendimos los cuatro años anteriores, hemos hecho muchas cosas”, acentuó Sara.

Lideres de Daguao, Naguabo, Ejemplo de Autogestión y Apoderamiento

Por José (Tito) Figueroa


















Este próximo viernes 23 de junio se considerará en la Cámara de Representantes una resolución encaminada a ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a otorgar la titularidad de la antigua escuela Segunda Unidad Daguao de Naguabo a una organización comunitaria.

Esta resolución R. de la C.609, será evaluada en la Comisión de la Región Este que preside el Representante Ángel L. Bulerín Ramos. La titularidad de la referida escuela será otorgada al Comité de Desarrollo Social y Cultural Daguao Inc..

Esta organización comunitaria con una larga trayectoria de proyectos de autogestión en la Comunidad Daguao de Naguabo sería la primera entidad sin fines de lucro organizada en una Comunidad Especial en recibir como titular una facilidad del estado.













Según su Presidente Angel L. (Aby) Colón Méndez (en la foto), " es importante que las comunidades entiendan que son ellas las que deben asumir la responsabilidad de sus proyectos. Se demostrará que es posible llegar a acuerdos favorables con el gobierno siempre y cuando se asegure el bienestar de la comunidad".

Exortó a que otros en sus comunidades se motiven a promover la autogestión asumiendo la responsabilidad titular de las facilidades con las que puedan adelantar y fortalecer sus proyectos de desarrollo socioeconómico.

Colón Méndez invita a todo el liderato comunitario del país a asistir a esta
sesión el viernes a la 1:30 PM en el Capitolio.

Dan un paso las mejoras al puente

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

El DTOP pasaría el proyecto de Las Carolinas en San German al municipio.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas traspasará el proyecto de reconstrucción del puente de la comunidad Las Carolinas al gobierno municipal sangermeño dentro de los próximos 90 días, si no surgen imprevistos, anunció ayer el secretario Gabriel Alcaraz.

Según Alcaraz, el DTOP evalúa los cimientos del puente para ver si es necesario alterar los planos hechos para la reconstrucción, y próximamente elaborará los documentos legales que viabilicen el traspaso del proyecto.

“Hay una revisión técnica del plano porque, por ejemplo, el diseño que se tenía no contemplaba cambios a la zapata y hay que revisar esto. Esto es un proyecto que vamos a terminar pronto. Ahora lo que estamos examinando es si es viable la transferencia al municipio de los fondos y el diseño”, dijo Alcaraz en una rueda de prensa en San Germán.

Por su parte, el alcalde Isidro Negrón aseguró que no se vislumbran problemas en el traspaso del proyecto, cuyo costo está estimado en alrededor de $200,000. Dijo que su administración ya ha hecho este tipo de transacciones con varias agencias estatales sin contratiempos.

“Esto es algo que se ha hecho en el pasado y es cuestión de firmar un contrato y se hace la transferencia”, sostuvo el Ejecutivo municipal.

Mientras, Myrna Vázquez, presidenta de la Junta Comunitaria de Las Carolinas, se mostró complacida con el anuncio ya que, de concretarse el traspaso, “a la comunidad se le hace más fácil ejercer presión al municipio”.

“La experiencia con el DTOP no ha sido buena, nunca sabemos qué es lo que pasa y con el municipio, los asuntos burocráticos están más cerca de nosotros”, explicó la líder de la comunidad.

La reparación del puente de la comunidad Las Carolinas está pautada desde el 2002. Este proyecto, del Programa de Comunidades Especiales se ha retrasado por problemas en las subastas y en el presupuesto asignado a la obra, de acuerdo con los funcionarios a su cargo.

La reconstrucción se concentra en la reparación de una de las columnas de la estructura, que casi colapsó cuando restos arrastrados durante una crecida del río Duey, tras el paso del huracán Georges en el 1998, debilitaron los cimientos del puente.

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Prioritarias las mejoras al puente

Por Myrna Vázquez Rivera / Presidenta de la Junta Comunitaria de Las Carolinas y miembro del comité Timón de la Alianza de Lideres Comunitarios
Publicado en El Nuevo Día el 18 de junio de 2006

San Germán - Sólo hay que visitar la comunidad Las Carolinas para entender que la reparación del puente que permite el acceso al vecindario es la necesidad y el proyecto de infraestructura prioritario de los residentes.

Pero en esta comunidad, las esperanzas de los vecinos de que se concrete la reconstrucción de esta estructura, que resultó afectada tras el paso del huracán Georges en 1998, no se esfuman.

Los residentes, como Wilfredo Sepúlveda, entienden que el triunfo para sus batallas y luchas comunitarias depende del activismo y el trabajo que puedan lograr, conducentes a la autogestión.

“Hemos enfrentado la parálisis de los proyectos de DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) con fondos del Fideicomiso para las Comunidades Especiales, pero no nos damos por vencidos y utilizamos todos los recursos y foros para denunciar la inacción de las agencias gubernamentales” expresó Sepúlveda.

Por esto, muchos en la comunidad Las Carolinas reaccionaron sorprendidos ante las expresiones de directivos de la Oficina de Comunidades Especiales que culpan a los residentes de la comunidad por los atrasos que ha sufrido la rehabilitación del puente alegando que se deben a incongruencias en el establecimiento de las prioridades por parte de los residentes de la comunidad. (ver)

Estas expresiones surgen a pesar de que personal de la Directoría de Desarrollo Comunitario del DTOP, como el ingeniero Daniel Lachow, expresó el pasado jueves que este proyecto era una de las principales prioridades de la misma agencia ya que se trataba de una obra programada con fondos previos al establecimiento del Fideicomiso para las Comunidades Especiales.

Rafael Sepúlveda, ex presidente de la Junta Comunitaria de Las Carolinas, fue uno de los que se mostró indignado por los alegatos ya que desde que fungía como principal líder de la vecindad los residentes establecieron que la reparación del puente era la prioridad.

Esta comunidad se ha caracterizado por una larga trayectoria de autogestión, iniciada en la década de 1960, cuando se libraron grandes batallas para obtener los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, entre otros.

A pesar de que entonces tuvieron éxito logrando sus metas, actualmente, la comunidad libra luchas similares ya que estos servicios, de necesidad básica, los reciben de forma deficiente.

“La comunidad lleva años denunciando las deficiencias de los servicios de agua y luz, pero todo queda en promesas”, sostuvo la líder comunitaria sangermeña.

En Las Carolinas, sus líderes destacan el afán de muchos en trabajar en asociaciones, comités y grupos religiosos que diariamente se levantan con el propósito de convertir su comunidad en un mejor lugar para vivir.

“No buscamos que otro lo haga, ni el gobierno, ni mi vecino; si lo puedo hacer yo, voy y lo hago”, dijo Arnaldo Torres.

Al final de cada lucha, los residentes involucrados en la acción comunitaria dicen sentirse satisfechos.

Por esto los residentes de Las Carolinas, exhortan a otras comunidades del país a seguir los pasos de los sectores que han tomado las riendas de su propio destino y han luchado en contra de todas las adversidades.

Lideres de San German, Compromisos sin cumplir afectan a la junta del sector

Por Ricardo Cortes Chico, El Nuevo Dia

La frustración que impera entre los vecinos impide que sus líderes puedan encaminar el proceso de autogestión.

San Germán - Los atrasos gubernamentales en la reconstrucción del puente que sirve como principal acceso a la comunidad Las Carolinas ha minado la credibilidad de la Junta Comunitaria ante los residentes.

Myrna Vázquez, presidenta de la Junta, dijo que la frustración de los vecinos como consecuencia de la larga espera ha impedido un desarrollo del proceso de autogestión, iniciado en el 2002, con la integración de la comunidad en el Programa de Comunidades Especiales.

“Como el Programa de Comunidades Especiales se enfocó en la infraestructura, todo lo que se esperaba eran obras. Al principio todos estaban entusiasmados pero ya se nota la diferencia. Ya las actividades nuestras dan pena porque la gente no cree en nosotros”, sentenció la líder de la comunidad.

Vázquez indicó que han llegado al punto en que optaron por eliminar cualquier referencia al Programa de Comunidades Especiales en las promociones de sus actividades, para evitar que tal vinculación desanime la acción comunitaria de los residentes.

Según Rafael Sepúlveda, ex presidente de la Junta Comunitaria, el problema se debe a que las agencias gubernamentales utilizan las juntas comunitarias para transmitir a la comunidad mensajes y promesas que resultan ser incorrectos o plagados de mentiras.

Eterna la espera

Pero que los “tediosos” procesos burocráticos resulten en la frustración de los residentes es inevitable, de acuerdo con la trabajadora social, Luisa Seijo.

La profesora universitaria destacó, sin embargo, que en estos casos el éxito de la iniciativa comunitaria depende de la comunicación entre la junta y los residentes y en la delimitación de estrategias para ejercer presión.

“A veces, se tienen que usar tácticas de combate en el desarrollo comunitario”, dijo. “La gente tiene que saber que lamentablemente estamos en una sociedad de desigualdad y que, a veces, como se logra cierto grado de justicia es exigiéndola”, apuntó.

Lentitud que cierra el paso



La comunidad Las Carolinas lleva años esperando la reconstrucción de un puente que es la vía principal del sector.

¿En qué escritorio duerme el proyecto del puente?

Esa es la pregunta que se hacen los vecinos de la comunidad Las Carolinas en San Germán, quienes esperan hace cuatro años el inicio de la reconstrucción del puente sobre el río Duey que permite el acceso a sus viviendas.

Las frases “burocracia gubernamental” y “la insensibilidad del gobierno” son obligadas cuando se habla del puente en esta comunidad.

Al final del día, la conclusión siempre es la misma, las promesas nunca se cumplen mientras el peligro sigue latente para las más de 1,700 familias que cruzan el río utilizando el puente.
Según Wilfredo Sepúlveda Vélez, tesorero de la Junta Comunitaria, el problema comenzó en 1998 con el huracán Georges. Una crecida del río durante este evento atmosférico arrastró escombros que chocaron contra una de las columnas principales del puente, provocando que prácticamente colapsara.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias entonces asignó alrededor de $100,000 para su reparación. No obstante, los fondos fueron devueltos ante la promesa de una reconstrucción total del puente hecha por la Oficina de Comunidades Especiales y la Directoría de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), dijo el alcalde, Isidro Negrón.

Según Rafael Sepúlveda, ex presidente de la Junta Comunitaria, la primera subasta del DTOP para la construcción del puente fue en el 2003 y tuvo una asignación de alrededor de $450,000. Esa subasta fue declarada desierta por incongruencias de diseño, dijo.

“Un año pasó y no se nos daba información sobre qué pasaba con el proyecto. Se terminaron las aceras y el alumbrado eléctrico, proyectos que no eran prioritarios para la comunidad”, apuntó.

Dos años tardó el DTOP en elaborar otro diseño, que contemplaba sólo la reparación del puente y reducía a $194,000 la inversión en la obra, contaron.

No obstante, los vecinos de Las Carolinas se opusieron a este proyecto porque en el plan no se alejaban las columnas del cauce del río, situación que causó los daños en el 1998.

“De los más de $400,000 que originalmente presupuestaron para el proyecto ya están asignando como mucho $194,900. Todo el dinero se ha ido en diseños y estudios. Los planos que diseñaron no concordaban en nada. Fueron planos hechos en aire acondicionado”, apuntó, por su parte, Myrna Vázquez, presidenta de la Junta.

Evaluada la reconstrucción

María Burgos, directora de Desarrollo Comunitario del DTOP atribuyó la tardanza en la construcción del puente a que, a pesar de que es un proyecto pequeño, es bien complejo porque si se diseña incorrectamente, podría impactar adversamente el cuerpo de agua lo que iría contra las regulaciones ambientales.

Indicó que a esto se le suma que durante la primera subasta las cotizaciones de los proponentes estaban muy por debajo de los costos proyectados. El DTOP esperaba cotizaciones que rondaran entre $150,000 y $200,000 pero las propuestas apenas alcanzaban los $90,000.

“Nosotros entendimos que el postor o no sabía qué era lo que iba a hacer o que no iba a cumplir con el proyecto porque su cotización era muy baja. La subasta no se adjudicó”, dijo Burgos.

Se optó entonces por alterar el diseño pero se enfrentaron al problema de que los costos estimados sobrepasaban los $200,000 que tenían presupuestados para la construcción del puente.

“Al final, cuando teníamos un diseño para ir a la segunda subasta, la comunidad se opuso al diseño”, dijo.

Según Burgos, el Programa de Comunidades Especiales presupuestó $850,000 para todos los proyectos en la comunidad entre los cuales se destacaban además la construcción de aceras, la instalación de una barrera de seguridad, y alumbrado público. De estos fondos, $250,000 eran para la construcción del puente. En diseño y estudios ya han invertido alrededor de $21,500.
Burgos aseguró que estos fondos no fueron perdidos con los cambios que se han hecho al diseño debido a que el contrato que tienen con la compañía encargada del proyecto cuenta con una cláusula en la que están obligados a rehacer los planos, en caso que el proyecto no pueda concretarse.

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Trago amargo la expropiación

Por Jorge Oyola Torres / Presidente de la Junta Comunitaria de Los Filtros y Miembro del comité timón de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico
Articulo publicado en El Nuevo Día, Domingo 11 de Junion de 2006

Queda una honda cicatriz al dejar atrás las raíces.

GUAYNABO - Mainé es una comunidad establecida hace más de 60 años en la periferia del casco urbano guaynabeño, donde vive una veintena de familias sometidas a la expropiación forzosa por parte de la administración municipal.

El rostro de José Arana Acevedo, de 60 años, relata la tristeza de ver su residencia por los últimos 56 años destruida por maquinaria del municipio.

José pasa el día bajo un árbol junto a sus perros contemplando los restos del hogar en el que vivió. Allí también estaba su taller de hojalatería. Las autoridades le dijeron que los terrenos eran inundables. Pero poco después se autorizó la construcción de un edificio de oficinas privadas al lado del solar.

Él mismo cuenta: “He perdido mis ingresos porque me tumbaron mi taller y también mi residencia. Actualmente estoy bañándome bajo un toldo azul y viviendo bajo dos planchas de zinc”.

Para él, “el momento más traumático y que más daño nos ha causado fue la forma en que personal del tribunal y del municipio me dieron un corto tiempo para sacar mis cosas. Aún sin yo haber firmado se dieron a la tarea de tirar mis pertenencias fuera de la casa. Para mayor desgracia, ese día estaba lloviendo y se mojaron mis poquitas pertenencias”.

Otro de los afectados que encara en el tribunal el proceso de expropiación es Aníbal Cruz, portavoz de los vecinos.

Cruz dijo que en el 2002 se dieron a la tarea de buscar alternativas de beneficio para la comunidad, como fue la celebración de vistas oculares de la Cámara “donde el municipio no pudo probar con certeza cuál era el fin público que obligaba a una expropiación”.

Luego, explicó Cruz, la comunidad inició el proceso para que se le incluyera en el Programa de Comunidades Especiales del Gobierno. “Se sometieron todos los documentos requeridos por la oficina para ser evaluados... se hicieron llegar documentos al Gobernador personalmente. Para desgracia de nuestra comunidad no fuimos incluidos en el programa. Todavía estamos en espera de una explicación genuina”.

La razón por la que para los residentes de esta comunidad es tan importante que se le incluya en el programa es que eso le permitiría “tener como un mecanismo de protección lo que hoy se conoce como la Ley 232 firmada por la entonces gobernadora Sila M. Calderón el 27 de agosto de 2004”, dijo Cruz.

“Dicha ley vino a ser justicia y protección a las 686 comunidades especiales de Puerto Rico amenazadas de ser expropiadas arbitrariamente por los municipios”, afirmó.

La ley dispone que cualquier municipio que quiera expropiar una comunidad que sea denominada especial debe obtener una resolución conjunta de Cámara y Senado para que se celebren vistas públicas y luego hacer una consulta a los vecinos. La expropiación debe ser aprobada por un 75% de los residentes.

La expropiación ha causado problemas emocionales a los vecinos que a su vez han afectado sus relaciones familiares.

Sin embargo, estos residentes no se han quedado esperando o lamentándose. La comunidad, liderada por Cruz, logró con la ayuda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, preparar un plan de desarrollo que atiende las necesidades de sus residentes.

Ángel Arana, hermano de José, resume de qué se trata: “encontrar una residencia no es como ir a la panadería y pedir una libra de pan”.

Lucha Vecinal por Igualdad

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día
Publicado 3 de junio de 2006

La burocracia gubernamental es el principal obstáculo del sector

Mayagüez - Cada vez que los vecinos de la comunidad Central de la Igualdad celebran alguno de sus logros, encienden la chimenea del antiguo ingenio azucarero que matiza su entorno.

Es que a través de los años, esta comunidad ha tenido que luchar contra la insensibilidad de la burocracia gubernamental, el olvido político y hasta la falta de reconocimiento por parte del gobierno municipal a que este vecindario está en su jurisdicción.

Según Rosa Cardel, líder comunitaria, hasta la limpieza de las áreas verdes y el recogido de desperdicios han provocado disputas territoriales debido a que el ayuntamiento mayagüezano no asume sus responsabilidades.

“El alcalde de Mayagüez (José Guillermo Rodríguez) no sabía que aquí vivía gente. Cuando se enteró, entonces venía cuando eran elecciones y después se olvidaba de nosotros. El alcalde de Añasco (Pablo Crespo) ha hecho más por nosotros que Mayagüez. Esa es la verdad”, dijo Cardel al señalar la confusión de algunos que creen que la comunidad está localizada en Añasco.

El abandono del gobierno mayagüezano se evidencia en las pésimas condiciones de las calles municipales y los alrededores de la zona.

Lo peor es que, de acuerdo con Cardel, Rodríguez ni responde las peticiones de reunión que le han hecho para discutir los problemas que enfrentan. Hace más de un año Cardel pidió reunirse con Rodríguez y aún no hay fecha para ello.

Dijo que desde que el Alcalde les prometió ayuda para cubrir los gastos finales de las casas que la Oficina de Comunidades Especiales está construyendo en la vecindad, “no quiere enfrentarnos porque sabe que no ha cumplido”.

Cuesta arriba los títulos

Precisamente, el mejoramiento de las condiciones de sus viviendas ha sido una de las luchas más difíciles y extensas que han tenido que emprender.

Los vecinos del área sólo retuvieron el usufructo de las tierras donde estaban sus casas cuando la central que dio vida a esta comunidad cerró en el 1977.

Cuando reclamaron los títulos de propiedad de sus viviendas se los negaron debido a que los terrenos están clasificados como inundables.

Para resolver la situación, tuvieron que pasar por el círculo vicioso de la burocracia. “ARPE (la Administración de Reglamentos y Permisos) pedía endoso de la Junta de Planificación, y Planificación para el endoso pedía el endoso de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), y FEMA pedía las certificaciones de ARPE”, relató Cardel.

El asunto de los endosos se resolvió cuando, como consecuencia de las presiones que los vecinos ejercieron, se condicionó los tipos de construcciones que se podían realizar en el área.

Cuando en el 2001 fueron incluidos en el programa de Comunidades Especiales, los problemas no cesaron.

Según Cardel, primero, se pretendió imponerles los planos de las casas nuevas. Luego, el comienzo de las construcciones demoró más de un año. Después, el contratista abandonó el proyecto. Sólo terminó cuatro de 19 casas.

La empresa desarrolladora MAS, retomó el proyecto hace varios meses, y tiene en agenda reanudar las construcciones este mes.

Mientras, la Junta Comunitaria no se queda de brazos cruzados.

Contemplan comenzar una nueva fase de autogestión, para desarrollar las atracciones turísticas del sector. Y piensan crear un museo sobre la caña, así como un reloj solar que utilice la sombra de la chimenea del ingenio para marcar la hora.

Eso, confían, les ayudará a conjurar su problema de desempleo.

Exitosa Limpieza de la Playa de Guayanilla

La Alianza de Lideres Comunitarios apoya toda iniciativa comunitaria en pro del bienestar de sus comunidades. Iniciativas provenientes de los corazones de esos líderes que de manera voluntaria dan el todo por el todo por su comunidad.
Invitamos a mas comunidades a enviarnos sus experiencias de común-unidad y propaguemos el mensaje que juntos podemos mas.

El pasado 2 y 3 de junio, la Alianza de Lideres Voluntarios de la comunidad especial San Pedro de Macoris del Barrio Playa de Gayanilla culminó exitosamente una serie de actividades de limpieza y orientación "fuerza con fuerza II", que se celebran por segundo año consecutivo.

Gracias al esfuerzo y la coordinación de líderes comunitarios como la Sra. Teresa González, se logro que la compañía ecoelectrica auspiciara las actividades, completando así una alianza colaborativa con las comunidades especiales de Guayanilla. Otros auspiciadores fueron, Ely Lilly del caribe en Mayaguez, Better Roads and Asfalts en Guayanilla, Demaco en Guayanilla, Restaurant el Antiguo Roripe, restaurante el remolcador, y otros comerciantes de la comunidad.

La oficina para el manejo de emergencia ofreció una charla de terremotos, tsunamis y huracanes el pasado viernes 2 de junio. Sucesivamente, el sábado, los líderes comunitarios contaron con la colaboración del municipio de Guayanilla liderado por su honorable alcalde Edgardo Arlequín Vélez, en la limpieza de la comunidad. Movilizando así a todos los residentes, que desde tempranas horas de la mañana, recogían escombros en las residencias.

Lideres Comunitarios como estos son los que necesitamos para un Puerto Rico mejor.

Toro Negro: belleza natural bajo amenaza

Por José Figueroa Pesquera / Presidente de la Junta Comunitaria, Comunidad Especial Toro Negro, Ciales y miembro del Comité Timón de la Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico
Públicado igualmente en El Nuevo Día

Ciales - La Comunidad Toro Negro, situada entre las montañas de Ciales y a orillas del río que lleva su nombre, está en una encrucijada vital para su convivencia y sus recursos más valiosos: su gente y la naturaleza que le rodea.

Esta comunidad se enfrenta a los efectos altamente negativos que surgen de la falta de autoridad y vigilancia de parte de la Policía Estatal y Municipal y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ante la gran cantidad de personas externas que acuden a “disfrutar” de la gran belleza natural que es su entorno inmediato. Atraídos por el cristalino y caudaloso río Toro Negro, cientos de visitantes llegan los fines de semana, especialmente en verano, a pasar el día. Desafortunadamente, esta gran cantidad de personas está generando desde hace varios años problemas que atentan contra la tranquilidad, la seguridad y el medio ambiente de esta comunidad.

Los residentes, organizados y unidos por el trabajo colectivo de más de una década para mejorar su condición socioeconómica y ambiental, están alarmados por el aumento en la violación a las leyes, el desorden y el descontrol.

La contaminación causada por desperdicios sólidos, el uso ilegal de “four tracks”, la obstrucción de la única vía de acceso, el uso de armas de fuego, conducta temeraria, peleas, destrucción de la propiedad, vehículos de motor sin tablilla, ruidos excesivos de vehículos conducidos a alta velocidad, exposiciones deshonestas y destrucción de las márgenes del río y su cauce, son algunas de las violaciones más comunes en el área.

La comunidad lleva más de cinco años realizando gestiones con las agencias de seguridad pero la situación es cada día peor. “Hemos realizado decenas de reuniones tanto con la Policía Estatal como con la Municipal y el Cuerpo de Vigilantes del DRNA, en alguna de las cuales ha estado también el alcalde de Ciales (Luis ‘Rolan’ Maldonado) y todo se queda en promesas”, expresó Héctor Burgos, miembro de la Junta Comunitaria.

Según los residentes, la Superintendencia, la Comandancia de Arecibo y la Zona de Morovis de la Policía, tienen conocimiento de la situación desde hace años. El teniente Víctor Alvarado de la Policía de Ciales, aunque se ha expresado a la disposición, no ha podido controlar la situación debido a que, según sus palabras, no cuentan con el personal.

La situación empeora verano tras verano. En la última reunión celebrada en las oficinas de la Defensa Civil de Ciales, el 13 de octubre del año pasado, el teniente Alvarado, el capitán Trinidad de la Zona de Morovis; José Rodríguez, Comisionado de la Policía Municipal; y el Comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Rosaly Vélez, acordaron con representantes de la comunidad y con Nilda Luring, de la Oficina para las Comunidades Especiales, establecer un plan de vigilancia preventiva para este verano. La idea del plan era detener la ola de incidentes en el lugar. Al día de hoy, los residentes no han visto el plan de trabajo ni en papel ni en acciones que sean efectivas. La comunidad está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer valer su derecho a vivir en paz y tranquilidad.

Los vecinos han llevado a cabo gestiones encaminadas a orientar y a ordenar el uso y disfrute de las áreas naturales que son parte de la comunidad.

A través del trabajo comunitario han rotulado el lugar, construido depósitos para la basura en los márgenes del río, han establecido un plan de recogido de basura por familias y áreas privadas para disfrutar de la naturaleza, han realizado actividades comunitarias sobre conservación, un vídeo-documental comunitario, y están desarrollando un proyecto de conservación de la Cuenca Hidrográfica en unión al DRNA y al Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre.

La comunidad no pretende impedir el disfrute de esta gran belleza natural. Lo que exige es que se respeten sus derechos y que no se permitan estas violaciones de ley para que tanto residentes como visitantes puedan beneficiarse social y económicamente de un ambiente sano y ordenado. Después de todo, los recursos son del pueblo y es un deber del pueblo protegerlos. Las autoridades están emplazadas.