miércoles, agosto 23, 2006

Agridulce la experiencia

La rehabilitación de 48 viviendas en la comunidad El Tokío en Lajas terminó hace un año, pero los problemas con la pintura de las casas y las filtraciones en los techos parecen nunca acabar.

Según Wanda Santiago, presidenta de la Junta Comunitaria, los trabajos en su comunidad fueron un “desastre”.

En opinión de Santiago, el contratista se encargó de darle “una lavadita de cara a las casas y de cobrar el cheque”.

“Supuestamente se hizo el trabajo pero ahora mismo la mayoría de las casas (unas 30) están que se mojan todas por dentro. Eso no sirve”, relató.

Del mismo modo, apuntó que vecinos aseguran que vieron a los empleados del contratista echándole agua a las pailas de pintura para que rindiera más. Como consecuencia, dijo, la pintura se le ha caído a más de la mitad de las casas y los contratistas “se esconden” para no honrar las garantías.

De acuerdo con el Departamento de la Vivienda, como parte de las medidas de supervisión de las obras monitores y firmas de gerencia y construcción son contratadas para inspeccionar y certificar que los trabajos cumplen con los requerimientos de calidad.

“Nosotros estamos pensando demandar porque nadie nos contesta”, dijo la líder comunitaria.

Por otro lado, Santiago relató que actualmente Vivienda construye un edificio de 60 apartamentos para reubicar a 30 familias de la comunidad.

No obstante, esa construcción, no atiende las peticiones de los vecinos que preferían que se les construyeran casas en el sector, contó.

“Ahora que son apartamentos, las personas dicen que no se van a mover. Lo que se quería eran casas”, apuntó.

Del mismo modo, señaló que Vivienda no tomó en cuenta la oposición comunitaria a la reubicación en su comunidad de vecinos de los sectores Papayo, Tendal y La Haya en Lajas.

La queja de que el gobierno no consideró las preferencias de los vecinos se repiten en la comunidad La Atómica, en Juana Díaz.

Contrario a la preferencia de los residentes de que se les construyeran casas separadas, Vivienda comenzó a construir allí unidades tipo “town house”.

El rechazo de los vecinos provocó que se rehiciese el proyecto, relató el residente Daniel Laboy Colón.

Diseño de escritorio

Otro de los problemas constantes en los proyectos de mejoras o construcción de viviendas, y aun en los de infraestructura, en las comunidades especiales, es que los diseños no se ajustan a la realidad topográfica de la comunidad, sostuvo José Figueroa, uno de los portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

Por ejemplo, en los planos de los proyectos de la comunidad Balboa en Mayagüez el muro que los vecinos pidieron para protegerlos de las inundaciones no tomó en cuenta la existencia de varias casas a orillas del río Yagüez. Esto obligó un rediseño de los últimos 20 metros de la muralla y un retraso de 14 meses.

En Ancones, en San Germán, se diseñó un segundo acceso a la comunidad cuyos planos no contemplaban la existencia de una casa en medio de la proyectada vía. Como ni siquiera se presupuestó la expropiación de la vivienda, el proyecto permanece paralizado.

Esos contratiempos han ocurrido a pesar de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) invirtió más de $10 millones en contratos de diseño, según datos provistos por el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.

De hecho, por cada una de las 428 comunidades con proyectos del DTOP, se invirtió $25,000 para ese fin.

Sobre buenos cimientos

No todos los proyectos de infraestructura en las comunidades especiales han fracasado, de acuerdo con la Alianza de Líderes Comunitarios.

El organismo que agrupa a más de 400 residentes señaló que hay numerosos casos en los que todos los componentes del proyecto han funcionado de forma que los proyectos cumplen con las metas trazadas.

Es el caso, por ejemplo, de la comunidad Toro Negro en Ciales, donde el DTOP terminó a tiempo y sin mayores percances la rehabilitación de las calles y la construcción de una cancha bajo techo.

Igual ha sido la experiencia con el DTOP en comunidades como Ballajá en Cabo Rojo, Los Filtros en Guaynabo, Palenque en Barcelonesa y Parcelas Cordillera en Ciales, aseguró Figueroa.

“Los proyectos que han sido exitosos ha sido porque todos los componentes han funcionado. En estos proyectos ha habido una buena inspección y fiscalización del gobierno, un buen seguimiento de la comunidad y eficiencia de parte del contratista”, dijo Figueroa.

En el caso del Departamento de la Vivienda, Figueroa resaltó la transformación ocurrida en comunidades como El Vigía en Arecibo y Los Ortega en Ciales, proyectos que, hasta el momento, no reflejan fallas mayores.

Sin vuelta atrás

Por Mildred Rivera Marrero para El Nuevo Dia

Ante el “desmantelamiento” de Comunidades Especiales, residentes juran dar la batalla

Primero los movió la esperanza, poco a poco se apropiaron de los conceptos apoderamiento y autogestión, y ahora están prestos a hacer valer aquella política pública que hace seis años les prometió ayudarlos a salir de la marginalidad.

En momentos en que alegan que hay un plan de “desmantelamiento sistemático” del programa de Comunidades Especiales por parte del Gobierno, los líderes comunitarios que han trabajado desde el primer día advirtieron que lucharán por mantenerlo vivo, en una mesa redonda organizada por El Nuevo Día.

Testigosde los contratiempos, pero también de las transformaciones individuales y colectivas que se han logrado desde entonces, esos líderes representan a cientos de miles de personas que viven en las 686 comunidades especiales.

Se les identificó así por sus graves condiciones de vivienda, infraestructura, desempleo, analfabetismo y deserción escolar, que fueron desatendidas durante décadas. Sus residentes son parte del 48% de la población que vive bajo los nivelesde pobreza, según el Censo del 2000.

Para Jorge Oyola, líder de la comunidad Los Filtros, en Guaynabo, la presunta ofensiva contra el proyecto comenzó a hacerse evidente cuando en los primeros meses de este cuatrienio, Ejecutivo y Legislativo propusieron por separado enmendar la ley que regula las expropiaciones en comunidadesespeciales. Los propuestos cambios a la Ley 232 de 2004 buscaban flexibilizar el proceso de forma tal que -según la enmienda másradical- un alcalde no tuviera que consultar a los residentes antes deejecutar ese tipo de plan.

“Esa ley, que nace en las comunidades, es un mecanismo de lucha que no prohíbe las expropiaciones, simplementees un mecanismo de defensa que tiene la comunidad. Si a esa ley la derogan ponen un cheque en blanco a cualquier municipio para que coja cualquier comunidad y la destruya”, señaló.

Otra instancia en que los líderes basan sus sospechas hacia el gobierno es la orden ejecutiva que permite la transferencia a los alcaldes de la administración de centros comunales, canchas y otras instalaciones que fueron construidas específicamente para que las comunidades las manejaran.

También, la decisión del Gobernador de no asignar más fondos al FideicomisoPerpetuo para las Comunidades Especiales -creado para garantizar larealización de proyectos necesarios en esos vecindarios-, y de noreunir al Consejo Asesor del programa como ordena la Ley 1 de 2001.

Asimismo, la alegada eliminación de los programas de la Oficina de ComunidadesEspeciales (OCE) para desarrollar líderes en esos sectores y la falta de información sobre los proyectos en proceso.

A eso suman la investigación cameral en curso que, según ellos, ataca la permanencia del proyecto.

“Lo que no puede negarse, porque la evidencia es abrumadora, es que tristemente en este caso el PNP (Partido Nuevo Progresista) y el PPD(Partido Popular Democrático) hacen causa común”, manifestó Samuel Rosario, presidente de la red de periódicos vecinales Prensa Comunitaria.

“Ambos partidos quisieran entregarle el proyecto a los alcaldes. Para entregar el proyecto lo que tienen que hacer es desmantelar al liderato. Lo primero que hizo Julia Torres (coordinadora general de la OCE) cuando llegó fue eliminar la capacitación del liderato comunitario”, acotó.

Lo que está ocurriendo, continuó Rosario, es “el desmantelamiento sistemático del proyecto, premeditado. Esto no es ineptitud, no es accidental”.

El grupo entrevistado, en el que estuvieron representadas la Alianza de Líderes de Puerto Rico y la Coalición de Líderes de San Juan, además de Prensa Comunitaria, coincidió al señalar que no toda la obra física planificada tuvo éxito o se hizo en el tiempo previsto. Pero dijeron que la iniciativa debe continuar.

Afirman que ha habido transformación en lugares que antes no tenían ni siquiera un buzón para recibir las cartas, asfalto en las calles, servicio de agua potable o luz eléctrica o la participación de sus residentes en la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos en sus vecindarios.

Es el avivamiento de esa participación ciudadana y el desarrollo y adiestramiento de los líderes, quizás la obra más contundente del programa. Se trata, de acuerdo con sus expresiones y acciones, de una especie de fuerza que se mueve para solidificarse, convencida de que su voz tiene poder y que está dispuesta a hacerlo valer.

“Es importante que se sepa que en muchas comunidades el cambio profundo se ha dado, pero mientras haya una sola comunidad que no se le cumpla, el liderato de las comunidades especiales va a luchar para que el problema se resuelva”, declaró JoséFigueroa, uno de los portavoces de la Alianza de Líderes.

Oyola resumió el objetivo inmediato de todos: “Este programa lo vamos a defender ante cualquier representante o senador o el mismo gobierno”.

lunes, agosto 14, 2006

Líderes enojados tras ‘ser desoídos’ por Gobernador

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Dia

Truenan por la falta de informes sobre las obras en Ponce

Ponce - Líderes de comunidades especiales en Ponce se marcharon ayer descontentos de un conversatorio entre el gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, y decenas de ciudadanos ponceños, aduciendo que sus reclamos por información sobre los proyectos en sus vecindarios no fueron atendidos.

No obstante, al menos pudieron obtener una cita para reunirse con el alcalde Francisco Zayas Seijo, la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Julia Torres, y personal del Departamento de Vivienda.

Carmen Pacheco, presidenta de la Junta Comunitaria de Clausells manifestó que esta falta de información por parte del municipio, que actualmente está a cargo de los proyectos a través de un convenio con la OCE, los mantiene en un limbo que promueve la inestabilidad entre los vecinos.

“Todavía es la hora que no sabemos nada de los proyectos. Aquí hay un gran problema de falta de comunicación entre nosotros y el municipio, que es el que está desarrollando los proyectos de vivienda e infraestructura”, dijo Pacheco.

Por su parte, el Alcalde sostuvo que actualmente el 70% de los proyectos en las comunidades especiales han sido completados. De paso, aseguró que su gobierno ha estado en contacto directo con las comunidades y que él mismo ha visitado todos esos sectores.

Mientras, durante el conversatorio, el Gobernador reiteró su directriz de que “se estreche la comunicación entre la Oficina de Comunidades Especiales y las juntas comunitarias”.

No obstante, para Pacheco es irónico que los líderes de comunidades especiales no fueron convocados a la actividad. Llegaron porque les llegó el rumor sobre la visita del Gobernador.

En tanto, la coordinadora general de la OCE indicó que desde julio tenían pautado convocar a los líderes comunitarios ponceños para discutir los pormenores de los problemas en las comunidades. Esta reunión estaba prevista para este mes, pero no tenía fecha.

Pacheco expresó que gran parte del problema que enfrentan es que los proyectos que realiza el municipio no responden a las prioridades comunitarias, ya que nunca se les consultó.

En la actividad también se hizo escuchar Carlos Manuel Colón, presidente de la Junta Comunitaria de Calzada, quien planteó que conoce por rumores que su comunidad será removida debido a problemas de inundaciones. Ese plan fue confirmado por Zayas pero, de acuerdo con el portavoz comunitario, los residentes no han sido notificados al respecto. Colón advirtió, de paso, que los residentes rechazan mudarse.

domingo, agosto 13, 2006

Líderes comunitarios reclaman atención de administración Acevedo Vilá

Periodico Claridad

El proyecto de Comunidades Especiales no figura entre las prioridades de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, aunque sí es la prioridad para casi un millón de puertorriqueños que residen en las cientos de comunidades y sus líderes comunitarios, que están dispuestos a “’llevar y defender el proyecto con uñas y dientes”.

En días recientes, el periódico El Vocero reveló atrasos y otras irregularidades en el trabajo de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) que ponían en entredicho la atención de la actual administración hacia el citado proyecto social. Éste fue una iniciativa de la ex gobernadora Sila María Calderón para atender a más de 600 comunidades pobres del país, para lo cual se creó una oficina y se estableció un fideicomiso de mil millones de dólares. A raíz de las denuncias, la Alianza de Líderes Comunitarios (ALC) reclamó y sostuvo una reunión de casi tres horas con los ayudantes del Gobernador, Mabel Crescioni y Ramón Allende, en horas de la mañana del pasado viernes 11 de agosto.

“Exigimos un compromiso real que se transforme más allá de las palabras”, expresó la portavoz de la Alianza, Omayra Rivera Ríos, de la comunidad de Shangai, de Santurce; en compañía de los otros líderes, Wilfredo López Montañez, de Sonadora, en Aguas Buenas; Jorge Oyola, de Los Filtros, en Guaynabo; Ricardo Martínez, de Clausell en Ponce; José Figueroa, de Toro Negro en Utuado; Luis Cruz, de Juan Domingo en Guaynabo y Yesenia Rivera, del Vigía en Arecibo;luego de la reunión con los portavoces del Gobernador.

La Alianza confirmó las denuncias publicadas, por lo que exigían soluciones reales y que el Gobernador cumpliera con sus compromisos hechos durante la campaña electoral. Rivera Ríos reveló el pliego de peticiones y recomendaciones que presentó la Alianza a los ayudantes del Primer Ejecutivo.

En primer lugar, la Alianza pidió que se pusiera por escrito los compromisos con el liderato comunitario contraído por el ahora Gobernador en octubre de 2004.

Además, reclamaron que el Ejecutivo también se comprometa a no atentar contra ninguno de los derechos adquiridos por las Comunidades Especiales, como sería la enmienda a la ley 232 sobre expropiaciones y la municipalización de las obras de infraestructura en las comunidades. Denunciaron que fue en la misma Fortaleza donde nacieron las primeras gestiones dirigidas a afectar a la Ley de Comunidades Especiales.

También reclamaron que se impartan instrucciones específicas al Departamento de Vivienda para que destine los fondos necesarios para que se puedan completar los proyectos pendientes de una manera efectiva y rápida.

Cuarto, que se deje sin efecto la Orden Ejecutiva que cede a los municipios las facilidades construidas con los fondos del Fideicomiso, hasta tanto se determine junto al liderato comunitario la mejor forma de disponer de ellas. En quinto lugar, que se implante el organigrama de funciones de la OCE que presentó el mismo Gobernador al liderato comunitario en enero de este año, el cual, afirmaron, “no se sabe si está funcionando o no”.

La próxima petición fue que se comience a la mayor brevedad posible un programa de capacitación de líderes respondiendo a las sugerencias del liderato comunitario y que se reconceptualicen y fortalezcan las funciones de los organizadores comunitarios, en relación con el trabajo directo con las comunidades, ya que este personal es quien tienen el vínculo directo entre la OCE y las comunidades.

La otra petición fue que se establezca un mecanismo de comunicación efectiva entre Fortaleza y el liderato comunitario que haga posible el plan de trabajo que se levantó en enero (06) con el liderato comunitario y con Acevedo Vilá, en la única ocasión que el Gobernador se ha reunido con los líderes comunitarios. Por último, que se atiendan “de inmediato los problemas que existen en las comunidades y que se han señalado públicamente”.

López Montañéz indicó que los líderes comunitarios, “partimos de la premisa de que hay unas serias deficiencias entre la comunicación de la Oficina de Comunidades Especiales y el liderato comunitario. Parte de lo que se recoge en esta declaración es que se restituya esa comunicación que hubo en el pasado, una comunicación efectiva y que permitió un espacio de diálogo y de trabajo entre el liderato comunitario y la OCE”. Sobre la actual administración de la OCE, el portavoz de la comunidad de Sonadora expresó que lo que existe hoy, “es una comunicación ineficiente que no satisface ni conduce a un trabajo de conjunto, ni a la atención de las necesidades de las comunidades”.

Los portavoces de la Alianza insistieron en destacar que de parte de la actual administración, entiéndase el Gobernador, no se le ha dado prioridad al proyecto de comunidades especiales, ni a la supervisión y el seguimiento que se supone desarrollen las agencias que tienen que ver con la implantación de los proyectos. Éstas son el Departamento de la Vivienda (DV), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El liderato exigió una evaluación de estos tres componentes que tienen la responsabilidad de trabajar con los proyectos de la OCE relacionados con vivienda e infraestructura. El grupo señaló que entre esas agencias (AEE, DV y AAA) hay una “descoordinación e incomunicación”, lo cual se ha convertido en muchos momentos en obstáculos que han afectado la comunicación entre la OCE y el liderato de las comunidades.

José Figueroa, de la comunidad Toro Negro de Utuado, manifestó su preocupación ante el hecho de que las noticias sobre las comunidades que están exigiendo que se les cumpla con los compromisos y se les explique qué ha sucedido, es un problema que los líderes de la Alianza han estado advirtiendo hace mucho tiempo.

Los defensores comunitarios reiteraron su insatisfacción con la atención del Gobernador y con la actual coordinadora de la OCE, Julia Torres, quien, dijeron, ha tomado decisiones que se alejan de los propósitos de la OCE.

Retrasos en los proyectos, falta de información a las comunidades sobre los proyectos, la reducción de la participación directa de las comunidades en la toma de decisiones, la falta de proyectos de autogestión y de acción cultural, son los problemas que ha generado la administración de Torres, reveló el grupo de líderes.

“Con la nueva Coordinadora, lo único que se ha visto en los dos años y medio que han pasado, es que no hay nada de capacitación, el que quiera ser líder comunitario ahora que aprenda y resuelva como pueda, porque ahora mismo la OCE no está resolviendo nada”, manifestó Rivera Ríos.

Sobre denuncias de alegada malversación de dinero del Fideicomiso, la Alianza rechazó esa posibilidad dado a que ese dinero ya “tiene nombre y apellido”. López Montañez explicó que en la administración de Sila María Calderón, se le asignó a cada una de las comunidades una determinada cantidad de dinero para proyectos específicos, los cuales fueron decididos por las mismas comunidades. Lo que sí ha sucedido es que el dinero asignado para proyectos en algunas comunidades ha resultado insuficiente. Un aspecto calificado como un error y una decisión apresurada fue el otorgar en una sola subasta la construcción de dos mil viviendas.

Pero no todo parece estar perdido. José Figueroa destacó que una de las razones por las cuales estaban haciendo las declaraciones es para que quedara claro que el programa de CE logró una “transformación real” en la mayoría de las comunidades especiales por lo que reclamaban que los problemas sacados a la luz pública se resuelvan a la mayor brevedad posible.

En tanto, López Montañez aseguró que los líderes comunitarios han intentado el diálogo con la OCE y censuró que el proyecto se convierta en un balón partidista.

Sobre la reunión con los asesores del Gobernador, los portavoces de la Alianza dijeron que éstos comentaron estar “bien preocupados por lo que estaba pasando”, que había dificultades entre ellos por la comunicación, la cuestión económica y que han recibido información que “les han llevado a las mismas conclusiones”.

Líderes buscan fortalecer su voz

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Dia]


Alianza desarrolla estrategia común para enfrentar ola de señalamientos

San Germán - La Alianza de Líderes Comunitarios trabaja en la preparación de un inventario sobre los problemas que enfrentan las comunidades especiales impactadas con proyectos de infraestructura y vivienda.

La idea es fiscalizar y reclamar a los departamentos de Vivienda y de Transportación y Obras Públicas prontas soluciones para cada deficiencia detectada en las obras en las comunidades.

“Esto es una estrategia común para enfrentar la problemática actual de la lluvia de señalamientos que ha habido sobre los problemas de infraestructura en los proyectos en las comunidades especiales. Si los problemas no los resuelven ellos mismos (el Gobierno), nosotros vamos a obligarlos a que los resuelvan”, dijo José Figueroa, uno de los portavoces de la Alianza durante una reunión con líderes comunitarios en San Germán.

Indicó que la ineficiencia de ambos departamentos en la culminación de muchos proyectos está lacerando la imagen del Programa de Comunidades Especiales que, dijo, ha tenido un saldo positivo, ya que ha motivado un activismo comunitario dirigido a la autogestión, nunca antes visto en la Isla. “Éste es un programa con muchas virtudes y es importante para el futuro del país. Esto realmente es una propuesta social en la que se plantea el desarrollo y la organización comunitaria como parte de la solución de todos los problemas de desigualdad que hay”, apuntó.

Aseguró que, en general, existe un apoyo incondicional de los líderes comunitarios al Programa de Comunidades Especiales y, a la vez, señalamientos en torno a deficiencias en los proyectos de infraestructura y vivienda. Esto se debe a que el Programa “es mucho más que aceras, canchas y casas nuevas”, dijo.

“El éxito de las comunidades especiales radica en el envolvimiento de la comunidad en el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Toda esta lluvia de señalamientos recientes ha despertado al liderato porque se ha palpado que hay una amenaza al programa y estamos recalcando la importancia de mantenernos unidos para luchar por nuestras comunidades”, indicó.

Reclamo de prioridad

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Dia

Líderes comunitarios emplazan al Ejecutivo y a la Legislatura

La Alianza de Líderes Comunitarios se reunirá hoy a las 9:30 a.m. en La Fortaleza con ayudantes del gobernador Aníbal Avecedo Vilá para exigir que le devuelva la prioridad que antes tuvo para el Gobierno el proyecto de Comunidades Especiales.

Según uno de los portavoces de la Alianza, Wilfredo López, desde que el actual gobierno subió al poder muchos aspectos medulares del proyecto, como la capacitación comunitaria, la agilidad en los procesos burocráticos y el vínculo estrecho que antes existía entre los coordinadores de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) se han perdido.

“Nosotros buscamos que Fortaleza rectifique en torno a la prioridad que le da el actual gobierno a Comunidades Especiales”, dijo López a El Nuevo Día. “Ya hay más obra construida de infraestructura y de vivienda que la que está atrasada o la que falta por construir. El proyecto está a mitad del camino. Creo que el problema es que algunos pretenden resolver en varios años los problemas acumulados por décadas”, añadió.

Sostuvo que la mayor parte de los señalamientos contenidos en una pesquisa legislativa sobre el manejo de los $1,000 millones asignados al proyecto son situaciones que han sido denunciadas por el liderato comunitario hace años.

Sin embargo, indicó que al momento no existe indicio de que haya habido un despilfarro de fondos públicos, como sugiere la representante a cargo de la investigación, Jenniffer González.

López también advirtió a la Legislatura que no use a las comunidades especiales como balón político partidista, y pidió atender el asunto con objetividad.

El líder comunitario enumeró como problemas principales los contratiempos con los contratistas de los proyectos de infraestructura, atrasos en los planes de trabajo, la burocracia gubernamental y la insensibilidad de algunos empleados gubernamentales hacia esos residentes.

José Figueroa, otro portavoz de la Alianza, recomendó que se debe asignar más empleados a los proyectos de infraestructura y vivienda y reconceptualizar la función de los enlaces comunitarios en la Oficina de Comunidades Especiales, pues en los últimos años, dijo, se han limitado al trabajo administrativo.

“En términos generales el proyecto ha sido positivo” dijo Figueroa. “No obstante, hay unas comunidades con unos problemas muy serios que tienen que atenderse, pero si sigue la atención actual, vamos a continuar en lo mismo”, afirmó.

López, por su parte, indicó que el liderato comunitario está dispuesto a defender el proyecto “con uñas y dientes” ante la Legislatura y el Ejecutivo. “A pesar de que aún le falta mucho al proyecto, ya el cambio se ve en las comunidades”.

Para fortalecer el proyecto están tratando de propiciar lazos más estrechos con los alcaldes, en especial con aquellos que no lo favorecen, para despejar cualquier confusión sobre una supuesta amenaza que la organización y apoderamiento comunitario les representa.

Sin respuesta los reclamos

Por Yanira Hernández Cabiya para El Nuevo Dia


Líderes comunitarios salen de La Fortaleza sin garantías de que sus necesidades serán prioridad

La Alianza de Líderes Comunitarios salió ayer de La Fortaleza sin respuestas para sus reclamos, los cuales viene haciendo desde hace más de un año, y sin garantías claras de parte del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de que las necesidades de las comunidades pobres volverán a atenderse con prioridad.

Dejaron sobre la mesa de ayudantes del Ejecutivo la exigencia de que se reevalúe el organigrama del Programa de Comunidades Especiales por considerar que los cambios establecidos al comienzo de esta administración de la han desconectado de los residentes.

El Gobernador no los atendió. Estaba reunido con los empresarios y funcionarios que recién regresaron de la misión económica en China.

Los recibieron la asesora en Bienestar Social, Mabel Crescioni, y su asesor auxiliar, Ramón Allende, con quienes estuvieron reunidos más de dos horas.

“Nosotros entendemos que una cosa es expresar un compromiso y otra cosa es transformar ese compromiso en acciones concretas”, dijo a su salida de la reunión José Figueroa, líder de la comunidad Toro Negro en Ciales.

“Estamos aquí porque obviamente no estamos conformes con la manera en que este gobierno ha conducido todos estos trabajos y la manera en que se ha desenfocado el propósito primordial del Programa de Comunidades Especiales”, añadió Figueroa.

Es la segunda vez que la Alianza acude a la Mansión Ejecutiva con el mismo reclamo este cuatrienio. El grupo, formado por los propios residentes a partir de los encuentros de líderes comunitarios en que participaban antes, hizo lo mismo en febrero de 2005.

Aquella vez, el Gobernador respondió al clamor comunitario de mayor agilidad y prioridad para el Programa anunciando la eliminación de la Directoría de Comunidades Especiales.

Esa oficina, desde La Fortaleza, tenía la encomienda de coordinar y dar seguimiento a los trabajos de todos los componentes del programa. Esos componentes son: la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) con sus iniciativas para promover la organización comunitaria y la autogestión, así como el desarrollo socioeconómico como mecanismos de apoderamiento de los residentes; la Directoría de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a cargo de los proyectos de construcción y mejoras de infraestructura; y la Administración de Desarrollo y Mejoramiento de Viviendas, a cargo de la rehabilitación y construcción de residencias.

La función que tenía la Directoría se le encomendó a la OCE. Entonces, el Gobernador argumentó que lo hacía para eliminar la burocracia.

No obstante, El Nuevo Día supo que desde hace meses aquella decisión fue revertida. La encomienda fue devuelta a La Fortaleza, esta vez, a la oficina del asesor en Bienestar Social, en aquel momento, Félix Matos.

Por eso fue Crescioni, hoy en el cargo, quien atendió a los líderes. Allende, por su parte, retomó la función de dar seguimiento a los proyectos, lo que hacía antes como ayudante de la Directoría.

A pesar de que la medida luce como una admisión de que la decisión primera fue inefectiva, el liderato comunitario sigue insatisfecho, específicamente, con el desempeño de la OCE.

“Nosotros no estamos satisfechos con la labor la Oficina de Comunidades Especiales y por eso estamos pidiendo una reevaluación y si eso significa que deben haber cambios de personal, que se hagan”, sentenció Wilfredo López, líder de Sonadora en Aguas Buenas.

López insistió en que prevalece la falta de comunicación y de coordinación efectiva entre los componentes del Programa, lo que ha obstaculizado el progreso de los proyectos.

Y de los programas de capacitación y de autogestión, que formaban parte esencial del Programa “nada de eso lo hay ahora”, afirmó Omayra Ríos, líder de la comunidad Shangai de Santurce.

Según los líderes, al finalizar la reunión, los asesores del Gobernador no les negaron los problemas pero tampoco dieron contestaciones precisas sobre cómo se van a solucionar. No fue posible hablar con los asesores.

sábado, agosto 12, 2006

En las Comunidades Especiales se sienten abandonados otra vez

PRIMERA HORA > PANORAMA
sábado, 12 de agosto de 2006

Maritza Díaz Alcaide PRIMERA HORA


Denuncian abandono de la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

Líderes de las comunidades más pobres del país se expresaron ayer en Fortaleza "inconformes" con la forma en que la actual administración de gobierno conduce el Programa de Comunidades Especiales, que aseguraron da señales de no ser prioritario para el Primer Ejecutivo.

Los líderes de las Comunidades Especiales, reunidos en horas de la mañana de ayer con ayudantes del Gobernador, señalaron ante la prensa que no existe una comunicación efectiva, ni coordinación entre las agencias a cargo de los proyectos de infraestructura. Eso, dijeron, ha generado la mayor parte de los problemas que se vienen denunciando.

Según contaron, los propios asesores de Acevedo Vilá estuvieron de acuerdo con que esa dificultad es real y se les sugirió que se reinstaure la "Directoría de Comunidades Especiales" en Fortaleza, un organismo que durante el pasado cuatrienio veló por el cumplimiento de los proyectos. Esa oficina fue clausurada por el nuevo gobierno.

Wilfredo López Montañez, José "Tito" Figueroa y Omayra Ríos indicaron, asimismo, que la actual administración ha abandonado los esfuerzos hacia la capacitación de líderes en las comunidades y "ahora la gente entra al programa y se las arregla como puede".

Indicaron que no sólo hay proyectos de infraestructura atrasados, sino que también las comunidades pobres carecen de información y se ha ido reduciendo su participación directa en la toma de decisiones.

Los proyectos de autogestión, de educación, de capacitación para el empleo, aseguraron que son ahora cosa del pasado. "Eso… lo había", dijo Ríos de la barriada Shangai, en Santurce.

"Todo lo que recibimos en la administración pasada, ya no lo hay", dijo, para agregar, que "ahora mismo el programa de Comunidades Especiales no está resolviendo nada".

"No basta con escuchar que existe un compromiso, queremos ver ese compromiso transformado en acciones", dijo Figueroa, del Barrio Toro Negro, en Ciales.

El Comité Timón de la Alianza de Líderes Comunitarios exigió que el Gobernador valide los compromisos de campaña de salvaguardar el proyecto de Comunidades Especiales.

Pidieron que Acevedo Vilá se comprometa con no firmar proyecto alguno de ley que atente contra las comunidades, como el que permitiría la expropiación de terrenos por parte de los municipios, y que deje sin efecto una orden ejecutiva que traspasa instalaciones en las comunidades a los alcaldes.

La Alianza solicitó también que se implante un organigrama de funciones en la Oficina de Comunidades Especiales y que a la brevedad posible se dé inicio a un programa de capacitación de líderes.

El grupo dijo que el Gobierno tiene que cumplir con el propósito que le dio vida al programa, pero lamentablemente - señalaron- Acevedo Vilá inició su gobierno dando señales de quererlo afectar adversamente.

"Queremos ver acciones concretas de parte del Ejecutivo que nos hagan recobrar la confianza", dijo López Montañez.

Los líderes comunitarios coincidieron en que el Gobernador debe tomar "la decisión que corresponda" sobre el futuro de Julia Torres al frente de la Oficina de Comunidades Especiales.

viernes, agosto 11, 2006

Comunidades especiales reclaman atención

PRIMERA HORA > PANORAMA
viernes, 11 de agosto de 2006

PRENSA ASOCIADA


Representantes de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico denunciaron hoy, viernes, a La Fortaleza los principales problemas que han perjudicado el proyecto de las Comunidades Especiales creado bajo la administración de Sila M. Calderón.

José Figueroa, portavoz de la comunidad Toro Negro en Ciales, atribuyó los percances de esa población a que el programa no es una prioridad para la actual administración de Aníbal Acevedo Vilá. Exigió acción por parte del Ejecutivo.

"Retraso en los proyectos, falta de información en las comunidades sobre esos proyectos. Se ha ido reduciendo la participación de esas comunidades en las decisiones que tienen que ver con estos proyectos lo que ha resultado en una incomodidad en esas comunidades", expresó en rueda de prensa al referirse a los graves problemas que están confrontando las llamadas comunidades especiales.

Por su parte Wilfredo López Montañez afirmó que existen "serias deficiencias" en la comunicación de la Oficina de Comunidades Especiales dirigida por Julia Torres y los líderes lo que según él ha provocado ineficiencia en el trabajo en conjunto.

"Lo que pasa es que ha habido una falta de prioridad de parte de la administración actual con relación al proyecto de comunidades especiales y la supervisión y el seguimiento que se supone desarrollen las agencias encargadas de la implantación de estos proyectos", afirmó López Montañez.

El grupo de la Alianza de Líderes Comunitarios, compuesto por cerca de una decena de representantes, se reunieron el viernes con dos ayudantes de Acevedo Vilá quien en esos momentos sostenía una reunión con algunos de los miembros de la delegación boricua que viajó a China sobre los posibles acuerdos comerciales con el país asiático.

El Mandatario sólo se ha reunido en una ocasión con los líderes de las comunidades especiales encuentro que tuvo lugar en junio del año pasado.

miércoles, agosto 09, 2006

Transformación social imparable

Por José Figueroa Pesquera / Líder de la Comunidad Toro Negro, Ciales

Organización, juntas comunitarias, comunidades especiales, son palabras que nos sugieren sacrificio, compromiso y esperanza. Durante los últimos seis años, estas palabras han surgido como elementos esenciales de una transformación social que nace de las mismas raíces de nuestra gente.

La Ley 1, de marzo del 2001 (Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico) y la Ley 232, de octubre de 2004, redactada por las comunidades, respectivamente, primera y última ley que firmó la entonces gobernadora Sila María Calderón, dieron impulso a un movimiento social que no tiene vuelta atrás.

Para los líderes y residentes de estas comunidades es una realidad el hecho de que muchas veces los sueños y la visión de un ser humano se convierten en la lucha de muchos. Según Edwin Merced Rosa, uno de los líderes de la comunidad Los Filtros en Guaynabo, “el intento de legisladores y alcaldes de los dos partidos de mayoría para derogar la Ley 232 que protege a las Comunidades Especiales en contra de las expropiaciones forzosas, es como darle hacha y machete a las comunidades, es saquear nuestras tierras a nuestras espaldas para favorecer a grandes amigos desarrolladores”.

Añade que “sin esta ley, comunidades como Los Filtros, la Calle Progreso, y la Calle Trujillo ya no existirían”. El líder añade que “es importante que el liderato comunitario entienda que hay que defender esta ley aún con la vida”.

Myrna Vázquez, líder de la comunidad Las Carolinas en San Germán, expresa que el proceso de organización comunitaria fue simultáneo con las mejoras a la infraestructura, significó para su comunidad “aprendizaje, retos, dolor, angustia y la esperanza de una gran satisfacción final cuando nuestros proyectos (el puente y las aceras que llevan varios años detenidos) se terminen”.

Sobre el intento del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de ceder las instalaciones construidas con fondos del Fideicomiso para las Comunidades Especiales, Vázquez añade que “se está menospreciando la capacidad y la labor de las comunidades para manejar estas facilidades, somos ahora gente más productiva y capacitada, la decisión final sobre el futuro de nuestros proyectos debe ser nuestra. Quién nos garantiza que cuando tengan la titularidad (los alcaldes) van a trabajar con las comunidades”.

Vázquez asegura que el liderato comunitario debe exigirle al Gobernador que revoque la Orden Ejecutiva que firmó a esos efectos.

“Si quieren disminuir los gastos deberían aprovechar el trabajo voluntario de miles de residentes de nuestras comunidades. Lo último que se pierde es la esperanza”, afirma.

En cuanto a los fondos del Fideicomiso, Yenitza Rivera, líder de la comunidad El Vigía de Arecibo, entiende que “si el Gobernador tiene un verdadero compromiso, debería buscar la manera de nutrir con fondos al Fideicomiso para continuar realizando estas obras maravillosas, especialmente ahora que añadirán cien comunidades nuevas”.

El Vigía es testigo de una transformación física con un proyecto de vivienda e infraestructura de más de $10 millones. “Es responsabilidad de todos nosotros exigir que el Fideicomiso sea verdaderamente perpetuo”, dice Yenitza.

En Ciales, Samuel Vega Miranda, líder de la comunidad El Hoyo del barrio Pozas, afirma que “esto ha sido una experiencia única. Sin el Programa de Comunidades Especiales nunca hubiéramos realizado nuestro sueño de una carretera nueva, sentimos que este proyecto es nuestro y tenemos que cuidarlo, es nuestro orgullo”. En cuanto al aspecto humano dice que con el programa “se abolió la diferencia político-partidista, nos dimos cuenta del poder que tenemos cuando nos unimos”.

Su comunidad ha confrontado problemas con el contratista y con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero aseguran que el 9 de agosto se reunirán con la ingeniera María Burgos, directora de Desarrollo Comunitario del DTOP y con la coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Julia Torres, y esperan que “por fin se resuelva el problema de construcción”. Vega recomienda que las agencias sean responsables con las comunidades, que el Gobernador asuma un compromiso serio y que la OCE trabaje como antes. “A veces sentimos que esto va a desaparecer”, expresa.

Para estos líderes, es momento de demostrar la capacidad de caminar unidos hacia la solución de los problemas sociales. La propuesta social que representa la autogestión y el apoderamiento a través de la organización comunitaria no puede ser ignorada. Coinciden en que es momento para que, respetando la autonomía de cada organización de líderes, se haga valer el derecho a la participación real en beneficio de las comunidades; para validar la política pública que establece la Ley 1; para honrar los compromisos contraídos con el liderato en octubre de 2004, y para reconocer el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo voluntario y más que todo el reclamo de justicia social de los residentes de las comunidades especiales. Su mensaje a los gobernantes es: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.