Supera "prueba de fuego" la Alianza de Lideres

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

La derrota de un proyecto legislativo que pretendía flexibilizar los procesos de expropiación en comunidades especiales y la derogación de una orden ejecutiva que transfería a los municipios las instalaciones recreativas construidas en esos sectores con fondos del Fideicomiso Perpetuo son dos de los logros que obtuvo la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico durante el 2006.

Un tercero también se destaca: la incorporación de la voz del liderato comunitario de los sectores tradicionalmente marginados en los debates públicos.

Su mayor ganancia, sin embargo, fue el aprendizaje que les dejó cada una de las luchas libradas el año pasado porque han fortalecido su solidaridad y unión como movimiento social, según Jorge Oyola, uno de los portavoces de la Alianza.

Para los líderes comunitarios consultados por separado por El Nuevo Día, la “prueba de fuego” fue la aprobación en el Senado, por descargue, del Proyecto de la Cámara 911, que eximía a los municipios de buscar el endoso legislativo y el aval del 75% de los residentes para llevar a cabo una expropiación forzosa en una comunidad especial.

Aquella medida motivó la movilización masiva de los vecinos de esos sectores al Capitolio para ejercer presión contra su aprobación. Lograron que se retirase el proyecto. “Esto nos dejó ver la fuerza que teníamos unidos”, afirmó Oyola.

Otro cabildeo, esta vez en La Fortaleza, llevó al Gobernador a derogar en noviembre una orden ejecutiva que permitía la transferencia de las instalaciones construidas con fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, lo que, según el liderato, limitaba los principios de autogestión y de apoderamiento de los residentes y devolvía el control a los municipios.

Esa victoria fue para el liderato un reconocimiento a la capacidad organizativa de las comunidades, en especial, de aquellas que aspiran a administrar sus estructuras comunales y recreativas.

La lucha, de acuerdo con Wilfredo López, pudo realizarse en la medida que ganaron espacios en los medios de comunicación y denunciaron las “realidades” del proyecto. Estas denuncias también abrieron vías de comunicación entre el liderato comunitario y las agencias gubernamentales encargadas de las obras en las comunidades especiales, dijo, por su parte, José Figueroa.

Mediante esos nuevos canales de comunicación, dijo, pudieron informarles directamente a los jefes de agencias las irregularidades y deficiencias que han detectado en los proyectos, muchos de las cuales aún están en construcción.