Sin esperanza de obras

Por Ricardo Cortes Chico para El Nuevo Día

PONCE - En la comunidad especial Clausells en Ponce 215 familias viven en casuchas muy deterioradas, diez de las veinticuatro calles de la vecindad están rotas y nueve tramos de sus aceras representan un peligro para los peatones, según un resumen de necesidades elaborado por la junta comunitaria.

Este es uno de los sectores más pobres en la Ciudad Señorial que desde el 2002 espera una asignación de fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Un total de 13 comunidades especiales, de las 26 designadas en Ponce, corrieron esta suerte, a pesar de que la pasada administración gubernamental de Sila María Calderón insistió en que los $1,000 millones administrados por el Fideicomiso fueron asegurados para las 686 vecindades que el proyecto impactaba hasta entonces.

Las de Ponce, por lo menos, fueron la excepción. Ponce fue uno de 15 municipios que establecieron convenios con el Departamento de la Vivienda para asumir los proyectos de rehabilitación y construcción de residencias con fondos del Fideicomiso Perpetuo.

Según el alcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo, la exclusión de los sectores que todavía esperan por atención ocurrió durante la negociación del convenio, firmado en junio de 2003, entre el Fideicomiso, el Departamento de la Vivienda y el municipio ponceño.

“Ellos (el gobierno municipal y estatal) nos dicen que están identificando fondos y que aún no tenemos nada asignado. Esa es la respuesta que nos dan siempre”, manifestó , líder comunitaria de Clausells y representante de Ponce en la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

La mayoría de los representantes vecinales consultados coincidió en que la mayor necesidad que tienen los residentes de las comunidades “rezagadas” es, sin lugar a dudas, de vivienda.

De hecho, en los informes socioeconómicos elaborados por la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) todas las vecindades de Ponce eligieron la rehabilitación y construcción de residencias como uno de los dos problemas principales.

“Más de 500 casas necesitan arreglos, pero nada pasa porque somos de las comunidades echadas al olvido por Comunidades Especiales”, destacó por su parte Rebeca Alvarado, presidenta de la Asociación Comunitaria Los Amigos de la barriada Betances.

Las condiciones de las carreteras municipales y la falta de alcantarillado sanitario fueron los otros dos problemas recurrentes en estas comunidades.

Originalmente, según documentos de la OCE, se propusieron rehabilitaciones de viviendas en seis comunidades de la Ciudad Señorial, y mejoras a la infraestructura en otras 26. Un total de 32 comunidades serían impactadas, con una inversión estimada de $37 millones.

No obstante, el entonces ejecutivo municipal ponceño, el fenecido Rafael Cordero Santiago, rechazó el plan y propuso, en cambio, un convenio para impactar sólo 13 comunidades, con una inversión de sólo $22.7 millones.

Los sectores Los Meros, El Vigía y la zona histórica de La Playa fueron excluidos por completo del Programa de Comunidades Especiales.

Y, para efectos del programa, fueron unidas las comunidades Mayor Cantera con Pueblito Nuevo, Riberas de Bucaná con La Coroza, y el Callejón del Río con Salistral. Anteriormente, cada uno de estos sectores tenían asignaciones presupuestarias separadas.

Los vecindarios Caracoles, Puerto Viejo, Baldorioty, La Ponderosa y Lomas de Guaraguao obtuvieron asignaciones que rondaban entre los $2.2 millones y los $9.2 millones para cada una.

Lomas de Guaraguao fue la única que se quedó con el proyecto de vivienda que se propuso desde el principio.

Las vecindades Punta Diamante, Salistral, Tiburones, Buyones, Nuevo Mameyes, Riberas de Bucaná, Palmarejo y Rincón obtuvieron asignaciones que variaban entre $110,000 y los $350,000 para obras de infraestructura.

Algunas de estas partidas complementaron los fondos asignados bajo el proyecto Ponce en Marcha.

Sin asignaciones quedaron Cerrillo Hoyo, San Antón, Borinquen, Pueblito Nuevo y Calzada. Las comunidades Ferrán, Clausells, Hoyo de Pepe y Los Chinos tampoco recibieron fondos del Fideicomiso a pesar de que, en el 2005, el gobierno estatal asignó otros $5 millones para esos sectores.

El sector Tamarindo, en un convenio del 2002 entre el municipio y la OCE, obtuvo la cantidad de 110,000 para mejoras a un comedor escolar.

Estos cambios afectaron el proceso de autogestión y apoderamiento en esos vecindarios. De hecho, los proyectos contenidos en el convenio del 2003 entre el Fideicomiso, el Municipio y Vivienda fueron planificados sin la participación de los residentes, confirmó Magdiel Pérez, gerente de los proyectos de comunidades especiales en Vivienda.

Según Zayas Seijo, el municipio no tiene la obligación legal de atender las comunidades especiales que se quedaron fuera de los convenios, salvo por la responsabilidad ministerial que tienen los municipios con sus constituyentes.

Optan por combinar fondos

Indicó que ante la insuficiencia de dinero para todas las comunidades especiales de Ponce han optado por combinar fondos de otros programas estatales, federales y municipales en las obras.

“Se ha creado la expectativa a la gente de que todas las comunidades se van a impactar en términos de vivienda, y la realidad es que el programa no tiene fondos para el resto de las comunidades”, recalcó Zayas Seijo.

La directora ejecutiva del Fideicomiso, Madeline Cajigas, declinó en varias ocasiones las peticiones de entrevista sobre este tema.