Indignados los líderes vecinales

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

Rincón - La oposición de un grupo de residentes del sector Barrero en Rincón a que ese vecindario sea designado como una Comunidad Especial causó indignación entre varios líderes comunitarios del País, quienes catalogaron de desinformados y discriminatorios los alegatos esbozados.

Wilfredo López, portavoz del Comité Timón de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico, precisó que contrario a lo señalado por los residentes de Barrero que se oponen al proyecto, en esta zona existen unos focos de pobreza que muy bien caben dentro de los parámetros que permiten la designación de una comunidad como especial.

“Es falso que ser una comunidad especial es una mancha o un sello. Eso es un planteamiento bien discriminatorio y ofensivo al liderato y a las comunidades que han luchado por mejorar su calidad de vida”, reaccionó López.

Rechazó que la incorporación de un vecindario al programa gubernamental devalúe las propiedades, ya que gran parte de esta iniciativa se basa en el mejoramiento de la infraestructura comunitaria, lo que le añade valor a las viviendas.

Un corredor de bienes raíces consultado, Norbert Franqui, afirmó que, hasta ahora, las inversiones en infraestructura que el Gobierno realiza en estos vecindarios añade valor a las casas.

Según Carlos Ruiz, líder de la comunidad La Josefa en Añasco, la oposición del grupo de residentes de Barrero lo que haría es impedir que los pobres que viven allí puedan beneficiarse de las ayudas que ofrece el programa.

Un perfil socioeconómico de Barrero, elaborado por la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), revela que el 24.5% de los 139 residentes del sector tiene un ingreso familiar menor de $500 mensuales. El 41.5% de las viviendas necesita reparaciones y el área carece de alcantarillado pluvial y sanitario.

Los resultados de este perfil, según Julia Torres, coordinadora general de la OCE, validan la implantación del proyecto en Barrero. “El planteamiento de algunos residentes que están en contra de que se designen como especial lo respetamos, pero entendemos que es porque no conocen el proyecto o porque están prejuiciados”, expresó.

Supera "prueba de fuego" la Alianza de Lideres

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

La derrota de un proyecto legislativo que pretendía flexibilizar los procesos de expropiación en comunidades especiales y la derogación de una orden ejecutiva que transfería a los municipios las instalaciones recreativas construidas en esos sectores con fondos del Fideicomiso Perpetuo son dos de los logros que obtuvo la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico durante el 2006.

Un tercero también se destaca: la incorporación de la voz del liderato comunitario de los sectores tradicionalmente marginados en los debates públicos.

Su mayor ganancia, sin embargo, fue el aprendizaje que les dejó cada una de las luchas libradas el año pasado porque han fortalecido su solidaridad y unión como movimiento social, según Jorge Oyola, uno de los portavoces de la Alianza.

Para los líderes comunitarios consultados por separado por El Nuevo Día, la “prueba de fuego” fue la aprobación en el Senado, por descargue, del Proyecto de la Cámara 911, que eximía a los municipios de buscar el endoso legislativo y el aval del 75% de los residentes para llevar a cabo una expropiación forzosa en una comunidad especial.

Aquella medida motivó la movilización masiva de los vecinos de esos sectores al Capitolio para ejercer presión contra su aprobación. Lograron que se retirase el proyecto. “Esto nos dejó ver la fuerza que teníamos unidos”, afirmó Oyola.

Otro cabildeo, esta vez en La Fortaleza, llevó al Gobernador a derogar en noviembre una orden ejecutiva que permitía la transferencia de las instalaciones construidas con fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, lo que, según el liderato, limitaba los principios de autogestión y de apoderamiento de los residentes y devolvía el control a los municipios.

Esa victoria fue para el liderato un reconocimiento a la capacidad organizativa de las comunidades, en especial, de aquellas que aspiran a administrar sus estructuras comunales y recreativas.

La lucha, de acuerdo con Wilfredo López, pudo realizarse en la medida que ganaron espacios en los medios de comunicación y denunciaron las “realidades” del proyecto. Estas denuncias también abrieron vías de comunicación entre el liderato comunitario y las agencias gubernamentales encargadas de las obras en las comunidades especiales, dijo, por su parte, José Figueroa.

Mediante esos nuevos canales de comunicación, dijo, pudieron informarles directamente a los jefes de agencias las irregularidades y deficiencias que han detectado en los proyectos, muchos de las cuales aún están en construcción.

A afianzar sin partidismo el poder político

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Dia

El fortalecimiento del liderato en las comunidades especiales del centro y sur del País y el establecimiento de vínculos de colaboración estrechos con instituciones cívicas y privadas marcarán el caminó que seguirá la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico durante el 2007.

Ello no implica, sin embargo, que dejarán a un lado sus ya encaminadas luchas por lograr una mayor injerencia en la toma de decisiones del Gobierno y la fiscalización de las obras relacionadas con el Proyecto de Comunidades Especiales, sostuvieron por separado miembros del principal organismo que agrupa a los portavoces de esos sectores.

Su meta, dijeron, es afianzar el poder político, no partidista, del movimiento comunitario en este año preelectoral. Consolidarse como fuerza política al punto de que los políticos entiendan la importancia del Proyecto de Comunidades Especiales y se comprometan a mantener y fortalecer esta iniciativa, cuyo espíritu está centrado en facilitar el apoderamiento y fomentar la autogestión de los ciudadanos en desventaja social y económica.

“Este año es crucial para nosotros porque tenemos que fortalecer el Programa antes de entrar en el año electoral, donde todo lo domina la politiquería partidista”, manifestó José Figueroa, miembro del Comité Timón de la Alianza.

De hecho, los líderes exigirán que, durante los primeros meses del año, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá “por fin” se reúna con el liderato comunitario y atienda las peticiones de renovación y agilización del Programa, dijo.

Del mismo modo, acentuarán su oposición a la propuesta municipalización del Proyecto de Comunidades Especiales, esbozado el año pasado por el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras.

Aunque aún no está delineado al detalle, el plan de trabajo de la Alianza para el 2007 incluye la reanudación de las visitas a las comunidades especiales para recoger el sentir de los residentes en torno al Proyecto y continuar con la organización del liderato comunitario por regiones.

“Vamos a seguir enfatizando, en las visitas a las comunidades, en la necesidad de permanecer unidos para proteger los derechos que han ganado a través de los años las comunidades”, explicó Myrna Vázquez, una de las portavoces de la Alianza en el oeste.

El plan también incluye la realización de talleres de adiestramiento a los residentes, especialmente en aquellos vecindarios que han sido “descuidados” por la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), señaló Figueroa.

De hecho, precisó que, para el verano, esperan presentar propuestas a organizaciones e instituciones privadas, como el recién creado Centro para Puerto Rico, fundado por la ex gobernadora Sila M. Calderón que, de ser aprobadas, ayudarán a costear los talleres sobre liderazgo comunitario.

Wilfredo López, otro miembro del Comité Timón de la Alianza, precisó que este desarrollo de un nuevo liderato permitirá precisamente el desarrollo de las organizaciones vecinales, la inserción de más comunidades en los debates públicos, la consolidación de la capacidad de los residentes para defender sus derechos y una mayor colaboración y unión entre el liderato.

“Tenemos que fortalecer el liderato, que es lo que mueve este programa. Si este programa fracasa, el Gobierno dejará de tomar en serio los reclamos justos de las comunidades”, afirmó López.

Tanto él como Jorge Oyola, portavoz de la comunidad Los Filtros, en Guaynabo, señalaron como otro norte en el 2007 la lucha para que se mantengan intactas la ley orgánica del Proyecto de Comunidades Especiales (Ley 1 de 2001) y la Ley 232 del 2004, que garantiza la consulta y participación comunitaria en proyectos municipales de expropiación en los vecindarios cobijados por el programa gubernamental.

Oyola advirtió que tanto el liderato como los residentes de comunidades especiales amenazadas por planes de desalojo seguirán vigilantes a las decisiones legislativas que les afecten.