Las Comunidades de Ponce Reclaman

Texto extraido del boletín entregado en el conversatorio de vivienda celebrado el Lunes 19 de Marzo de 2007.

Reclaman

1. Respeto a la Ley #1

2. Participación comunitaria en la toma de decisiones

3. Como se han distribuido y utilizado los 22.7 millones del fideicomiso asignados a las 26 Comunidades Especiales de Ponce

4. Porque al día de hoy hay Comunidades Especiales que no tienen presupuesto asignados ni proyectos completados y otros con proyectos no terminados.

5. No hay una supervisión y fiscalización del Departamento de la Vivienda y del Fideicomiso de los convenios que se firman con el municipio en relación a los proyectos

6. Acallar el argumento que plantea el MAP a los residentes de Hoyo de Pepe, Los Chinos, Ferrán y Tamarindo de que su reubicación es una decisión individual y voluntaria. Esto es lo mismo decir "lo tomas o lo dejas".

7. Que se solicite al Secretario de la Vivienda que no firme más convenios con el MAP hasta que cumplan con los existentes y rinda un informe detallado de la planificación y la inversión en las CEs de Ponce. 

8. Tener la necesidad apremiante de que las Agencias Estatales responsables de los Proyectos intervengan más en la supervisión y ejecución de los mismos mediante reuniones periódicas de los líderes con los directores responsables.

 

Las Comunidades de Ponce:

 

1. Comunidad Buyones:Tiene innumerables necesidades, nos interesan la asignación de fondos del Fideicomiso para los proyectos de infraestructura, mejoras al centro comunal, áreas recreativas y buzones. Ninguno de ellos se han comenzado.

2. Comunidad Betances: ¿Porque siendo una Comunidad Especial nunca le han asignado fondos del Fideicomiso?  ¿Cuándo lo van hacer?

3. Comunidad Ferrán: a) La reubicación de residentes de la parte alta:  ¿Cuántos residentes van a ser reubicados, dónde y cuándo? ¿Cuánto dinero hay asignado? ¿Bajo que criterios se evaluarán los casos? b) En la parte baja se han hecho rehabilitaciones y viviendas nuevas por el Municipio. La Cancha se hizo con fondos del Fideicomiso. ¿Qué planes hay para la construcción y rehabilitación de viviendas y proyectos de infraestructura como carreteras, facilidades recreativas y comunales, ect. ¿Cuánto dinero tenemos asignados? 

4. Comunidad La Ponderosa: ¿En qué etapa está la transferencia de los terrenos de DRN al Dept. de la Vivienda?  ¿Cuando se terminaran las rehabilitaciones de las 118 viviendas detenidas desde el 2005, las 5 nuevas y las mejoras de infraestructura como aceras, encintados, ect? ¿Donde esta el dinero asignado de esta comunidad? ¿Se fue a Cayey?

5. Comunidad Punta Diamante: Está agradecida de los proyectos de infraestructura realizados (Cancha, Centro Comunal y sistema de agua potable). Falta  la construcción de la Estación de Correo ¿Cuando se hará algo con la Calle Tacataca (Calle Acueducto)? 30 familias sin sistema de agua potable, sin energía eléctrica y calles deterioradas. Formamos parte de la Comunidad Especial de Pta. Diamante.  ¿Que va a suceder con las 6 familias de la calle atganin (antes calle 3) que estan en riesgo de deslizamiento de terrenos?  ¿Donde y cuando seran reubicados y bajo que criterios se evaluaran sus casos?

6. Comunidad Tamarindo: Se terminó el salón comedor de la escuela y en proceso el acceso de la Calle 3 a la Calle 2. Tiene riesgos de derrumbes de tierra; ¿Cuántos residentes van a ser reubicados, dónde, cuándo y bajo que criterios se evalúan los casos? ¿Tienen dinero asignado? Exigen el Plan de Desarrollo Integral del 2005, el cual le fue prometido y el informe de las familias a ser reubicadas.

7. Comunidad Riveras de Bucaná (Los Potes, Los Meros, Campo Alegre y Lorenzo Vizo):    ¿Cuando tendremos respuesta sobre la reevaluación de nuestras hipotecas prometido por el secretario de vivienda? Tenemos $175, mil dólares del Fideicomiso para la construcción de una cancha. ¿Cuando la van a contruir? ¿Cuando se atenderán los reclamos de vicios de construcción de las viviendas construidas?

8. Comunidad Tiburones: La cancha construída sin agua potable ni baños sanitarios ni fuente de agua. Se solicitó cerrada (tenemos los planos) ¿Porqué no utilizamos el sobrante de $127, mil dólares para terminar los proyectos? Porqué somos zona inundable? ¿Corremos la misma suerte que la comunidad vecina de La Calzada?

9. Los Chinos: Falta de información precisa sobre cuales familias serán reubicados y que viviendas se rehabilitarán.  Igualmente ¿bajo que criterios se evaluarán estos casos?  ¿Que Plan de rehabilitación de la comunidad contempla el gobierno?

10. Comunidad La Calzada: ¿Por qué no se asignó fondos a esta comunidad? Exigen el Plan de Desarrollo de la comunidad. ¿Es el argumento de la inundabilidad de los terrenos la razón válida para la reubicación de la comunidad? ¿Por qué no incluyeron  a la comunidad en el Proyecto de alcantarrillado que actualmente se construye en la Carr. # 1? Exigen a la OCE celebrar la consulta basada en la Ley # 232 para determinar si desean ser expropiadas o no.

11. Comunidad Puerto Viejo: ¿Tenemos más de 4 millones asignados para 188 rehabilitaciones, 15 nuevas viviendas e infraestructura. Nada se ha comenzado y se han gastado cerca de medio millón de dólares. Nos pueden explicar?

12. Comunidad Caracoles: Proyectos incompletos- Cancha no se ha  entregado por falta del servicio de electricidad.  ¿Tendrán permiso de uso?  Residencias terminadas que no pueden entregarse por bajo voltaje en las líneas eléctricas  que suplen a la comunidad y el proyecto de alcantarrillado sin terminar. 

13. Comunidad Hoyo de Pepe: ¿Cómo se utilizaron los fondos asignados y qué sobrantes hay (del millón)? ¿Como se realizaron los trabajos de reubicación de las personas sin ingresos (beneficiarios del PAN, SS, ect.), con crédito afectado y aquellos que no quieren reubicarse a Riveras del Bucaná II?

14. Comunidad Palmarejo: Se rotularon y pavimentaron las calles, se instalaron reductores de velocidad y se pintó el Centro Comunal. Seguimos esperando por la Cancha bajo techo. 

15. Comunidad Lomas del Guaraguao: Tenemos 29 viviendas para rehavilitar, sólo 8 están terminadas, falta el Centro Comunal , aceras y encintados. En octubre del 2005 ocurrió un derrunbe de terreno. se solicitó al MAP un muro de contensión y canalización de quebrada 

16. Comunidad Baldorioty:  ¿Cual es el desglose del dinero asignado para los proyectos?  ¿Porque se contruye en madera y no en cemento? ¿Cuando finalizarán los proyectos programados?

17. Comunidad El Salistral: Todos los proyectos se terminaron: infraestructura, sistema pluvial, sanitario, reparación de calles, aceras y encintados. Hace 6 años el MAP nos presentó una maqueta del Parque de pelota y todavía no se han construído.

18. Comunidad Shangai: ¿Cuando se entregarán los títulos de propiedad y cuándo dará comienzo la rehabilitación de viviendas?  ¿Porque no tenemos más  presupuesto asignado?

19 .Comunidad Clausells:  ¿Cuando se entregarán los títulos de propiedad y cuándo dará comienzo la rehabilitación de vivienda? ¿Como se utilizó los fondos asignados?  ¿Qué respuesta tiene la OCE a nuestra solicitud desde hace dos años del centro tecnológico. ¿Por qué no se le dá participación a las Juntas Comunitarias en los procesos de toma de decisiones de los proyectos de vivienda?

Sin esperanza de obras

Por Ricardo Cortes Chico para El Nuevo Día

PONCE - En la comunidad especial Clausells en Ponce 215 familias viven en casuchas muy deterioradas, diez de las veinticuatro calles de la vecindad están rotas y nueve tramos de sus aceras representan un peligro para los peatones, según un resumen de necesidades elaborado por la junta comunitaria.

Este es uno de los sectores más pobres en la Ciudad Señorial que desde el 2002 espera una asignación de fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Un total de 13 comunidades especiales, de las 26 designadas en Ponce, corrieron esta suerte, a pesar de que la pasada administración gubernamental de Sila María Calderón insistió en que los $1,000 millones administrados por el Fideicomiso fueron asegurados para las 686 vecindades que el proyecto impactaba hasta entonces.

Las de Ponce, por lo menos, fueron la excepción. Ponce fue uno de 15 municipios que establecieron convenios con el Departamento de la Vivienda para asumir los proyectos de rehabilitación y construcción de residencias con fondos del Fideicomiso Perpetuo.

Según el alcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo, la exclusión de los sectores que todavía esperan por atención ocurrió durante la negociación del convenio, firmado en junio de 2003, entre el Fideicomiso, el Departamento de la Vivienda y el municipio ponceño.

“Ellos (el gobierno municipal y estatal) nos dicen que están identificando fondos y que aún no tenemos nada asignado. Esa es la respuesta que nos dan siempre”, manifestó , líder comunitaria de Clausells y representante de Ponce en la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

La mayoría de los representantes vecinales consultados coincidió en que la mayor necesidad que tienen los residentes de las comunidades “rezagadas” es, sin lugar a dudas, de vivienda.

De hecho, en los informes socioeconómicos elaborados por la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) todas las vecindades de Ponce eligieron la rehabilitación y construcción de residencias como uno de los dos problemas principales.

“Más de 500 casas necesitan arreglos, pero nada pasa porque somos de las comunidades echadas al olvido por Comunidades Especiales”, destacó por su parte Rebeca Alvarado, presidenta de la Asociación Comunitaria Los Amigos de la barriada Betances.

Las condiciones de las carreteras municipales y la falta de alcantarillado sanitario fueron los otros dos problemas recurrentes en estas comunidades.

Originalmente, según documentos de la OCE, se propusieron rehabilitaciones de viviendas en seis comunidades de la Ciudad Señorial, y mejoras a la infraestructura en otras 26. Un total de 32 comunidades serían impactadas, con una inversión estimada de $37 millones.

No obstante, el entonces ejecutivo municipal ponceño, el fenecido Rafael Cordero Santiago, rechazó el plan y propuso, en cambio, un convenio para impactar sólo 13 comunidades, con una inversión de sólo $22.7 millones.

Los sectores Los Meros, El Vigía y la zona histórica de La Playa fueron excluidos por completo del Programa de Comunidades Especiales.

Y, para efectos del programa, fueron unidas las comunidades Mayor Cantera con Pueblito Nuevo, Riberas de Bucaná con La Coroza, y el Callejón del Río con Salistral. Anteriormente, cada uno de estos sectores tenían asignaciones presupuestarias separadas.

Los vecindarios Caracoles, Puerto Viejo, Baldorioty, La Ponderosa y Lomas de Guaraguao obtuvieron asignaciones que rondaban entre los $2.2 millones y los $9.2 millones para cada una.

Lomas de Guaraguao fue la única que se quedó con el proyecto de vivienda que se propuso desde el principio.

Las vecindades Punta Diamante, Salistral, Tiburones, Buyones, Nuevo Mameyes, Riberas de Bucaná, Palmarejo y Rincón obtuvieron asignaciones que variaban entre $110,000 y los $350,000 para obras de infraestructura.

Algunas de estas partidas complementaron los fondos asignados bajo el proyecto Ponce en Marcha.

Sin asignaciones quedaron Cerrillo Hoyo, San Antón, Borinquen, Pueblito Nuevo y Calzada. Las comunidades Ferrán, Clausells, Hoyo de Pepe y Los Chinos tampoco recibieron fondos del Fideicomiso a pesar de que, en el 2005, el gobierno estatal asignó otros $5 millones para esos sectores.

El sector Tamarindo, en un convenio del 2002 entre el municipio y la OCE, obtuvo la cantidad de 110,000 para mejoras a un comedor escolar.

Estos cambios afectaron el proceso de autogestión y apoderamiento en esos vecindarios. De hecho, los proyectos contenidos en el convenio del 2003 entre el Fideicomiso, el Municipio y Vivienda fueron planificados sin la participación de los residentes, confirmó Magdiel Pérez, gerente de los proyectos de comunidades especiales en Vivienda.

Según Zayas Seijo, el municipio no tiene la obligación legal de atender las comunidades especiales que se quedaron fuera de los convenios, salvo por la responsabilidad ministerial que tienen los municipios con sus constituyentes.

Optan por combinar fondos

Indicó que ante la insuficiencia de dinero para todas las comunidades especiales de Ponce han optado por combinar fondos de otros programas estatales, federales y municipales en las obras.

“Se ha creado la expectativa a la gente de que todas las comunidades se van a impactar en términos de vivienda, y la realidad es que el programa no tiene fondos para el resto de las comunidades”, recalcó Zayas Seijo.

La directora ejecutiva del Fideicomiso, Madeline Cajigas, declinó en varias ocasiones las peticiones de entrevista sobre este tema.

'Huérfanos’ de respaldo

Por Patricia Rivera Meléndez para El Nuevo Día

El asesinato de Francisco Surillo Santiago, un líder comunitario ejecutado por defender las instalaciones recreativas de su vecindario, evidenció que el liderato vecinal necesita el apoyo de su gente para luchar contra los males que afectan a sus sectores.

Para ello, es necesario proveer mayores herramientas educativas que inviten a los ciudadanos a asumir la batalla por una mejor calidad de vida para sus comunidades y para el País, opinaron ayer varios líderes comunitarios, quienes, además, reaccionaron indignados ante el asesinato de Surillo Santiago frente a su residencia en Villa Margarita, en Trujillo Alto.

“Esto demuestra la necesidad que hay de desarrollar una conciencia comunitaria más amplia a la que pueda tener un líder o varios líderes que forman parte de una organización comunitaria. A veces nos echamos sobre los hombros el trabajo comunitario y hacemos muy poco para involucrar a la comunidad en el proceso de apoderamiento”, expresó Wilfredo López, portavoz de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

Según López, en muchas ocasiones ese proceso de educar e involucrar a toda la comunidad se ve obstaculizado por el propio Gobierno que, “en vez de crear las condiciones y el espacio para que la comunidad se apodere de sus facilidades comunitarias, se convierte en el principal obstáculo para que ese proceso se dé”.

En ese aspecto, Haydeé Colón, líder vecinal de Caimito, en Río Piedras, opinó que al Gobierno no le conviene fomentar que las comunidades se apropien de sus espacios, porque amenazaría las estructuras ya existentes de una “economía subterránea”.

“Los líderes comunitarios en nuestro País estamos huérfanos de respaldo. Tienes una población que dice no, porque hay toda una subcultura mafializada a la que nos enfrentamos constantemente en las comunidades”, dijo la líder, quien recordó que en un encuentro con Surillo Santiago, hace casi un mes, éste le comentó las dificultades que enfrentaba en su vecindario para evitar que las instalaciones recreativas se convirtieran en un espacio para los delincuentes.

“Ya quien vive en la economía subterránea tiene ‘standing’, mientras que los líderes comunitarios, que antes éramos una especie de ‘Jesús en mi barrio’, nos hemos convertido, porque quieren convertirnos, en personas con precio”, agregó Colón.

José “Chago” Santiago, líder comunitario de Cantera, en Santurce, coincidió con Colón en que lo que él llamó “intereses creados en las comunidades” compiten constantemente con el trabajo de educación que desarrollan los líderes vecinales.

Por eso, insistió en la importancia de que el liderato cuente con el apoyo de las instituciones educativas, religiosas y familiares de los sectores que dirigen.

“Efraín (como también se le conocía a Surillo Santiago) se enfrentó solo a esa gente, y cuando tú tienes un pueblo detrás de ti estás en ventaja, pero cuando lo haces por amor, es un trabajo muy difícil. Solos no lo podemos hacer, el líder comunitario no puede ser el padre, la madre, ni el ministro de una comunidad”, manifestó Santiago, con un tono de desaliento.

Y es que, de acuerdo con los allegados entrevistados, Surillo Santiago estaba prácticamente solo en su lucha por mejorar la calidad de vida en el barrio Villa Margarita.

En vías de reorganización

La coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Julia Torres, informó a este diario que el liderato comunitario de Villa Margarita estaba sumergido en pleno proceso de reorganización.

A finales de este mes, celebrarían una asamblea para instituir una junta comunitaria que, según Torres, se había desbandado luego de lograr la construcción de las instalaciones recreativas.

“Prácticamente, la comunidad descansaba en el trabajo de Surillo (Santiago)”, reconoció Torres, quien, además, condenó el crimen del líder vecinal, quien fue ultimado de siete balazos en la noche del sábado por alguien a quien, según presume la Policía, le había prohibido el uso de la cancha para propósitos ajenos a jugar baloncesto.

La Coordinadora General de la OCE adelantó que su oficina intensificará los talleres de capacitación de líderes “que son la médula de nuestra oficina” y que identificarán nuevos líderes en la comunidad “para que el legado de Surillo (Santiago) no quede en vano”.

“Vamos a continuar dándole todo el apoyo a la comunidad en este momento, porque no queremos que se inactiven”, dijo Torres.

Ese es el mayor reto que enfrentará ahora el liderato comunitario, adelantó, por su parte, López: “apoyar al desarrollo de esa comunidad y que la muerte de Francisco no sea en vano. Y que esa comunidad logre reconstruirse”.

En lucha contra la desigualdad legal

Por Patricia Rivera Meléndez para El Nuevo Día

Las comunidades marginadas tienen que conocer su derecho de acceso a la justicia para evitar que los procesos que libran frente a otros sectores “más aventajados” sean desiguales.

Pero también es importante que los profesionales en el campo del derecho conozcan la gama de legislaciones que protegen a esas comunidades y las apoyen en esos procesos, advirtió ayer una veintena de líderes comunitarios que participó de una mesa redonda con la presidenta del Colegio de Abogados, Celina Romany.

Y es que, por años, diferentes vecindarios han conducido luchas que sin conocimiento y apoyo legal habrían quedado en nada.

Por eso, Romany y representantes de la corporación Servicios Legales de Puerto Rico y de clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho convocaron al diálogo con los portavoces vecinales.

Durante el foro, que se celebró en la principal sede de los togados, líderes de comunidades especiales que han luchado contra expropiaciones, canteras, desarrolladores y agencias gubernamentales expusieron sus preocupaciones y percepciones sobre el acceso que, hasta la fecha, han tenido a la justicia.

Wilfredo López, líder comunitario de Sonadora, en Aguas Buenas, sostuvo que los residentes de las comunidades tienen que conocer, aunque de forma general, los derechos con los que cuentan para “que la gente pueda asumir la protección de sus derechos”.

“No podemos depender del abogado o del apoyo legal para lograr un objetivo o lograr el que se nos reconozca un derecho”, señaló el también portavoz de la Alianza de Líderes Comunitarios.

Edwin Serrano, líder comunitario de La Tea, en San Germán, donde los vecinos conducen una batalla contra una cantera aledaña, añadió al argumento de López que “los ciudadanos necesitamos saber qué oportunidades (legales) tenemos” al momento de iniciar un pleito.

Sobre ese aspecto, Carmen Villanueva, de la comunidad Hill Brothers, en Río Piedras, indicó que parte del problema que enfrentan las comunidades al iniciar una acción legal es que los abogados y los jueces que toman las decisiones en derecho “desconocen las leyes que nos protegen”.

“Hace falta definir el derecho comunitario que, a nivel internacional, ya se usa y está escrito, pero en Puerto Rico no está escrito”, manifestó.

Entretanto, Jorge Oyola, de Los Filtros, en Guaynabo, denunció que, en ocasiones, “la lentitud” del sistema judicial provoca que las comunidades tomen la justicia en sus manos, “como sucedió en Ocean Park”.

“¿Por qué se tuvo que esperar a que unos valientes quitaran un portón por la fuerza para demostrar que ese portón era ilegal?”, cuestionó.

Oyola reconoció que su comunidad “ha sido de las pocas” que ha contado con apoyo legal, sin el cual, según dijo, su batalla en contra de las expropiaciones sería más difícil.

De forma similar se expresó Manuela Santiago, de Villa Caridad, en Carolina, quien destacó que sin el conocimiento de las leyes, los residentes no habrían podido luchar contra las ilegalidades en las que, aseguró, ha incurrido el municipio en su vecindario.

A raíz del intercambio, convocado por la Comisión de Acceso a la Justicia del Colegio a través de la Oficina de Comunidades Especiales, la Presidenta del gremio de abogados puntualizó que ampliará el proyecto educativo de derecho a los ciudadanos, y priorizará en adiestrar a los abogados que ejercen pro bono en los aspectos de desarrollo y derecho comunitario.

Asimismo, Romany adelantó que intentará estimular a la academia judicial para que incorpore en su currículo aspectos del derecho comunitario.

“Vamos a iniciar un proyecto educativo de mediación comunitaria... Pero esto es una primera etapa para ver si hacemos una especie de grupo asesor del Colegio”, informó la licenciada, quien manifestó que el intercambio sirve como preámbulo a un congreso internacional sobre acceso a la justicia que se llevará a cabo en mayo próximo.

Aportación que aviva la conciencia social

Por José Figueroa / Líder comunitario de Toro Negro y portavoz de la Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico para El Nuevo Día

Ciales - Varios integrantes de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico resaltaron la importancia del trabajo realizado y por realizar en las comunidades de todo el País.

En la conclusión de la “Semana del líder comunitario”, cuya celebración desconocían los entrevistados, hablaron sobre su aportación a Puerto Rico y sobre las metas, logros y proyecciones en sus vecindarios.

“Nuestra función es ayudar a los demás y colaborar con la gestión gubernamental. Hace falta que el Gobierno y el País reconozcan y apoyen la labor de este liderato, somos una alternativa real”, expresó Carmen Pacheco Chamorro, presidenta de la Junta de la comunidad especial Clausell, en Ponce.

Explicó que el liderato comunitario de la Perla del Sur “nos hemos unido y estamos trabajando en la solución de los problemas de vivienda en varias comunidades como Riberas del Bucaná, Hoyo de Pepe, Ferrán, Tamarindo, Los Chinos, y Calzada”.

Según Pacheco, el problema principal que tienen estos vecindarios son los seis proyectos de vivienda que están detenidos. “Nuestra mayor dificultad es la desinformación sobre los proyectos, la información no llega o llega demasiado tarde”, afirmó.

Además, recalcó que los líderes comunitarios “somos un inmenso recurso gratuito que el Gobierno debe aprovechar. Tenemos la responsabilidad de decirles siempre la verdad a los residentes, un líder tiene que pensar en los demás antes que en sí mismo”.

Los líderes coincidieron en que su formación se debe, en gran medida, al proceso de capacitación que se dio durante los primeros años del Programa de Comunidades Especiales. Esta iniciativa gubernamental se gestó durante la administración de Sila María Calderón para promover y propiciar el apoderamiento y la autogestión en las comunidades marginadas y como una herramienta para la transformación física y social de las mismas a partir de su propio esfuerzo.

En Orocovis, Enrique Ortiz Meléndez, maestro retirado y presidente de la Junta Comunitaria de Botijas 1, entiende que “la organización comunitaria es un eslabón indispensable para el cambio”.

“En algunos momentos nos hemos sentido abandonados por las agencias, pero hemos logrado despertar el potencial de la comunidad para que se apodere de sus proyectos. De nada vale la infraestructura si no está acompañada de una conciencia social”, afirmó.

Botijas 1 recibirá próximamente las computadoras para su nuevo Centro Tecnológico. “Estamos preparados para comenzar a trabajar con nuestras facilidades, la Administración Municipal está interesada en colaborar para que la comunidad administre el Centro”, dijo Ortiz Meléndez.

Aseguró que el liderato está comprometido y dispuesto a convertir cada obstáculo en un reto, pero destacó que “necesitamos más apoyo y capacitación de parte de la Oficina de Comunidades Especiales”.

Desde el oeste, César Irizarry Caraballo, técnico de refrigeración y perito electricista, además de presidente de la Junta Comunitaria del barrio Corcovada de Añasco, expresó que uno de los mayores logros de la comunidad ha sido unir a todos los residentes fuera de líneas partidistas, creencias religiosas o cualquier otra consideración.

“Por el fruto de nuestro trabajo recibimos el año pasado el Premio Solidaridad, de la Miranda Foundation. Tenemos la herramienta perfecta para erradicar la pobreza. Si no nos unimos, el País se nos va a caer encima”, dijo.

Irizarry añadió que se siente muy orgulloso del trabajo de todos los líderes comunitarios de la Isla.

“El mayor obstáculo son los políticos que no creen en el trabajo comunitario. Es necesario que el Gobierno le dé la importancia que merece el Programa de Comunidades Especiales”, acotó.