El movimiento comunitario no se va a detener

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día

Para el liderato comunitario, en el 2007 se expandió el movimiento vecinal, se colaboró con entidades profesionales y académicas y recibió mayor reconocimiento la aportación de los grupos comunitarios al desarrollo del País.

En eso estuvieron de acuerdo tres de los principales gestores del movimiento comunitario en la Isla. Los esfuerzos del sector son de continuar las iniciativas de autogestión y apoderamiento sin depender del apoyo gubernamental. “Con o sin gobierno, el movimiento comunitario no se va a detener”, dijo José “Chago” Santiago, portavoz de los residentes de la Península de Cantera en San Juan.

Según Carmen Villanueva, de la Coalición de Líderes Comunitarios, la expansión del movimiento ha sido lenta pero fuerte.

José Figueroa, de la Alianza de Líderes Comunitarios, señaló lograron crear conciencia a distintos niveles de que el futuro del desarrollo social y económico del País radica en el fortalecimiento de la base de la sociedad, que son las comunidades.

“Lamentablemente el gobierno es uno de los que aún no se ha dado cuenta que el desarrollo de un pueblo se da desde sus raíces y no en las ramas o las hojas... Por eso el trabajo de las comunidades debe prevalecer, independientemente lo que ocurra a nivel político en el País y por eso es que estamos con los proyectos de capacitación al liderato comunitario sobre autogestión y organización vecinal y sobre proyectos de desarrollo económico”, señaló Figueroa.

El crecimiento del movimiento comunitario ha fortalecido a las agrupaciones de líderes y propiciado acuerdos para enfrentar amenazas comunes. Una de las más significativas, coincidieron, es la legislación presentada por el senador Juan Eugenio Hernández Mayoral que elevaría a rango constitucional la autonomía municipal.

Para los entrevistados, el problema con la propuesta, impulsada en diversos foros por el ex gobernador Rafael Hernández Colón, es que echa a un lado las protecciones legales que tienen los vecindarios designados como comunidades especiales. Entre ellas, la Ley 232 del 2004 que regula las expropiaciones en estos sectores.

De hecho, una de las alianzas más importantes del 2007 que logró el liderato comunitario fue con sectores sindicales opuestos a esa legislación. “Una enmienda a la constitución de ese tipo no nos da a nosotros la protección que tenemos con los derechos que hemos adquirido a través de la Ley de Comunidades Especiales”, señaló Villanueva, advirtiendo que en caso si la medida progresa harían “grandes” movilizaciones de personas en protesta.

“En eso se nos va la vida. Si se eleva a la Constitución la autonomía municipal, se acaban las comunidades especiales”, recalcó Santiago.

Otro reto del sector comunitario en el 2007 fue la demanda del gobierno municipal de Guaynabo contra la Oficina de Comunidades Especiales pidiendo sacar a las vecindades de su jurisdicción del programa estatal. El pleito está pendiente en el tribunal.

Hace años, vecinos de esos vecindarios guaynabeños libran una lucha para evitar que el alcalde Héctor O'Neill les expropie sus viviendas. “Esa resistencia es uno de los logros más grandes que hemos tenido en esa lucha para que el Alcalde de Guaynabo no se salga con la suya”, acentuó Santiago.

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